El magistrado del TC sostiene que hubo malversación y que el Supremo no actuó con arbitrariedad; el pleno debate su ponencia el 22 de septiembre.
El magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías, del bloque conservador, respalda la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a los dirigentes del procés al entender que existió malversación de caudales públicos. Así lo recoge su ponencia sobre el recurso de amparo del exconsejero catalán Jordi Turull, adelantada por El Español y a la que tuvo acceso EFE.
En el texto, Macías sostiene que «la interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación». El magistrado no aprecia «arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente» en las resoluciones impugnadas por Turull, «ni que privasen al recurrente de una respuesta judicial fundada en Derecho». Lo que detecta, añade, es «una discrepancia con la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria», una cuestión que queda fuera del ámbito del recurso de amparo.
La ponencia se debatirá en el pleno del 22 de septiembre. Si es rechazada, como se prevé, el pleno del TC designará a un nuevo magistrado para que redacte otra ponencia. El recurso de Turull es el primero que el tribunal de garantías estudia entre los condenados por el procés en relación con la aplicación de la ley de amnistía.
El primer recurso del procés que llega al Constitucional
La elección de Turull como primer caso no es casual. El exconsejero de la Generalitat fue condenado por el Supremo por malversación y desobediencia, y su recurso abre la vía para que el TC fije doctrina sobre si la ley de amnistía cubre o no ese delito cuando se cometió con fondos públicos. El tribunal de garantías no revisa si el Supremo acertó o no al interpretar la ley, sino si la resolución judicial vulneró derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva o la legalidad penal. Esa es la clave del argumento de Macías: al calificar la discrepancia como un asunto de legalidad ordinaria, la sitúa fuera del amparo y deja intacta la posición del Supremo.
El fallo del TC puede condicionar el futuro de Carles Puigdemont. El magistrado del Supremo Pablo Llarena prevé aplicar la doctrina que fije la corte de garantías sin esperar a que esta resuelva el recurso del expresident catalán. Es decir, el criterio que salga del pleno del 22 de septiembre marcará el camino para el resto de causas pendientes, incluida la del propio Puigdemont.
El aval del TJUE que el Supremo no comparte
En julio de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la ley de amnistía al concluir que se ajusta al derecho comunitario y no vulnera las normativas europeas sobre terrorismo ni afecta a los intereses financieros de la Unión. Lo hizo en contra del criterio del Tribunal Supremo, que había cuestionado la norma. Ese pronunciamiento del TJUE es el telón de fondo del debate en el TC: la corte europea validó la ley, pero el Supremo mantiene que la malversación queda fuera de su ámbito de aplicación. La ponencia de Macías se alinea con esa segunda tesis y rechaza que la interpretación del Supremo sea arbitraria.
El desenlace del pleno del 22 de septiembre tiene una consecuencia inmediata para Turull, que sigue pendiente de la respuesta del TC a su amparo. Si la ponencia de Macías prospera, el Supremo podrá mantener su negativa a amnistiarle. Si decae, el pleno nombrará a otro ponente y el caso se reabrirá con un nuevo texto, lo que retrasaría la resolución y dejaría en el aire la posición del tribunal sobre el primer recurso del procés.
