El ministro de Justicia exige al TS desbloquear el derecho antes de 2027, mientras el PP denuncia ‘ingeniería electoral’ y cifra 160 municipios con más censo fuera que dentro
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha acusado hoy al Tribunal Supremo de «alterar el censo electoral» al paralizar cautelarmente el derecho a voto de 350.000 descendientes de exiliados españoles en Argentina y Cuba, una medida que, según advierte, dejará sin sufragio a personas que ya votaron en 2023. El alto tribunal frenó la aplicación de una instrucción de 2022 que amplió el reconocimiento de exiliados a todos los que abandonaron España entre 1936 y 1955, argumentando que podría modificar resultados electorales.
La polémica estalla en el Senado, donde Bolaños ha exigido al Supremo que resuelva el conflicto antes de las elecciones de 2027. «No podemos tener españoles de primera y segunda: unos con derecho a voto y otros sin él», declaró, recordando que 300.000 nacionalizados ya obtuvieron este derecho en 2007 bajo una disposición similar. El ministro también reprochó al PP su «hipocresía», al defender la nacionalización pero rechazar el método administrativo usado para ampliar el censo.
El senador popular Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, acusó al Gobierno de «ingeniería electoral» y cuestionó los criterios para atribuir circunscripciones a los nuevos votantes. Serrano alertó de que 160 municipios españoles tienen ahora más censo en el extranjero que en su propio término municipal, y citó datos oficiales que solo registran 500 exiliados republicanos en Cuba, frente a las 350.000 solicitudes de nacionalización allí. «Pasar de 500 a 350.000 parece un exceso», criticó.
El conflicto legal se enmarca en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 para reparar a las víctimas del franquismo. La instrucción impugnada, firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, presume la condición de exiliado a quienes salieron de España en el periodo 1936-1955, sin exigir pruebas individuales. El PP exige derogarla, mientras Bolaños la defiende como herramienta para cumplir promesas electorales, como las realizadas por Alberto Núñez Feijóo en su programa de 2023.
La decisión del Supremo, aún sin fecha de resolución, afecta directamente a las elecciones autonómicas y municipales de 2027. Según cálculos del Gobierno, la medida beneficiaría a comunidades como Madrid y Cataluña, donde hay mayor concentración de descendientes de exiliados. El PP, por su parte, advierte de que la medida podría «desestabilizar» el sistema electoral, mientras Bolaños insiste en que se trata de «reparar una deuda histórica» con quienes sufrieron la represión franquista.
