El plan, frustrado por La Habana, buscaba otorgar control estadounidense sobre CUPET y vincular suministro energético a cambios políticos
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, rechazó en primavera de 2026 una propuesta estadounidense para privatizar CUPET, la empresa estatal cubana de hidrocarburos, a cambio de abrir el sector a inversores de EE.UU. y facilitar la salida de Miguel Díaz-Canel del poder. Las negociaciones, reveladas por Miami Herald, incluían la amenaza de cortar el suministro petrolero a Cuba si el régimen no aceptaba las condiciones, en un contexto de crisis energética agravada por el fin del apoyo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro.
La oferta, presentada directamente a Rodríguez Castro por emisarios estadounidenses, exigía la privatización total de CUPET —controlada por el Estado cubano desde 1960— y la creación de una empresa conjunta con capital extranjero, bajo la premisa de que Cuba obtendría petróleo estadounidense a cambio. Sin embargo, las autoridades cubanas desconfiaron de depender de una firma extranjera, especialmente tras los anuncios de Donald Trump de imponer aranceles a países que suministraran crudo a la isla, lo que ya había reducido sus reservas.
El plan, que no llegó a concretarse, recuerda al reciente acuerdo de EE.UU. con Delcy Rodríguez, líder del chambismo en Venezuela, para tomar el control de reservas petroleras venezolanas. En el caso cubano, la reticencia del régimen —y las presiones políticas en Miami, donde reside una fuerte comunidad exiliada— frustraron la iniciativa, dejando a Cuba en una situación de ‘jaque petrolero’ con apagones recurrentes por falta de suministro.
La fuente de la información, un interlocutor anónimo con conocimiento directo de las negociaciones, destacó que la propuesta buscaba ‘otorgar a Washington una influencia decisiva’ en Cuba, vinculando el acceso al petróleo con cambios políticos. Según el medio, el régimen cubano prefirió mantener su autonomía energética, aunque sin lograr alternativas viables para superar la crisis.
El contexto: Cuba sin petróleo venezolano y bajo presión de Trump
La negociación se desarrolló en un momento crítico para Cuba: la caída de Maduro en Venezuela —su principal aliado energético— dejó a la isla sin el suministro de crudo que recibía desde 2000 bajo acuerdos de cooperación. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, el país dependía en un 60% de las importaciones venezolanas para su industria y generación eléctrica, una proporción que se redujo drásticamente tras la crisis política en Caracas.
Además, los anuncios de Trump en 2025 de imponer aranceles del 30% a países que exportaran petróleo a Cuba —incluyendo a Rusia y Nigeria, principales proveedores alternativos— agravaron la escasez. Según el Departamento de Energía de EE.UU., Cuba redujo sus importaciones en un 40% en el primer semestre de 2026, lo que se tradujo en racionamientos eléctricos de hasta 12 horas diarias en zonas como La Habana y Santiago de Cuba.
El gobierno cubano, según declaraciones de Rodríguez Castro en marzo de 2026, buscó entonces diversificar proveedores con acuerdos con Irán y Argelia, pero sin éxito a gran escala. La dependencia de estos países, sin embargo, no resolvió el problema: los envíos iraníes se redujeron un 25% por sanciones internacionales, y Argelia solo cubrió el 15% de la demanda histórica.
¿Qué se juega EE.UU. y Cuba en este pulso energético?
Para EE.UU., el control del sector petrolero cubano sería un avance estratégico en su política de ‘contención’ hacia el régimen de Díaz-Canel, similar a la estrategia aplicada en Venezuela. Según el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, la isla caribeña sigue siendo un ‘foco de influencia rusa’ en la región, con bases militares rusas en Guantánamo y acuerdos de cooperación en energía. La privatización de CUPET, en este escenario, habría permitido a empresas estadounidenses —como ExxonMobil o Chevron— operar en la plataforma de Sagitario, una de las zonas con mayor potencial petrolero del Caribe.
Para Cuba, la negativa a negociar refleja su estrategia de resistencia a la presión externa. Según el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, el país ha invertido en exploración local —con un éxito del 30% en los últimos cinco años— pero sin capacidad para cubrir la demanda actual. La dependencia energética, sin embargo, sigue siendo un punto débil: el Fondo Monetario Internacional estimó en 2025 que el 70% del déficit fiscal cubano se debe a los costes de importar combustibles.
El rechazo a la propuesta estadounidense también responde a un cálculo político interno. Díaz-Canel, según analistas como Carlos Alzugaray —exembajador cubano en la ONU—, necesita mantener el apoyo de las fuerzas armadas y el Partido Comunista, que controlan CUPET. Privatizar la empresa, en este contexto, habría sido interpretado como una ‘traición’ a la revolución, a pesar de la crisis económica.
La comparación con Venezuela es reveladora: mientras en Caracas EE.UU. logró un acuerdo con el chambismo para explotar reservas, en Cuba el régimen prefirió el aislamiento antes que ceder el control de su industria estratégica. Para Miami Herald, este episodio confirma que La Habana sigue priorizando la soberanía energética sobre cualquier beneficio económico a corto plazo.
Queda por ver si la crisis se agrava en 2027, con nuevas elecciones en EE.UU. y un posible cambio en la política hacia Cuba. Mientras, los apagones continúan, y el régimen cubano apuesta por resistir —aunque sea a oscuras.
