La mayoría progresista del TC estima el amparo de Turull y obliga a redactar una sentencia que amnistía la malversación del procés
El Tribunal Constitucional ha dado este martes el primer paso para permitir el regreso de Carles Puigdemont a España. La mayoría progresista del órgano de garantías ha impuesto la estimación del recurso de amparo de Jordi Turull. La decisión se adoptó con cinco magistrados a favor y siete en contra de la ponencia redactada por José María Macías, que rechazaba amnistiar el delito de malversación al exdiputado catalán.
La votación obliga a redactar una sentencia contraria al criterio de la ponencia original. El fallo del Constitucional supone el primer paso para que el Tribunal Supremo acuerde levantar la orden de detención que aún pesa sobre el expresidente de la Generalitat. El aval del órgano presidido por Cándido-Conde Pumpido acerca el regreso de Puigdemont tras nueve años fuera de España.
La ponencia de Macías respaldaba el rechazo del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a los líderes del procés. El magistrado consideraba que existió un enriquecimiento personal, un punto excluido de la ley de amnistía. En su redacción, Macías sostenía que la interpretación de la Sala Segunda del Supremo «no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación». El ponente insistía en que no hubo una «arbitrariedad irrazonabilidad manifiesta ni error patente» que permitiera estimar el recurso de amparo de Turull. Tampoco aceptaba el argumento de la defensa de que se vulneraron sus derechos.
Los magistrados del bloque progresista no comparten ese criterio. Se han mostrado a favor de estimar la petición del exdiputado catalán, aplicable al resto de líderes del procés. La decisión del Constitucional llega después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al núcleo de la norma diseñada por los socialistas.
El aval del TJUE que desbloqueó el caso
El órgano europeo concluyó en su sentencia que la ley de amnistía no afecta a los intereses financieros de la UE. Por tanto, se puede aplicar para exonerar los delitos de terrorismo, siempre que no cubra violaciones graves de derechos humanos, y la malversación. El TJUE consideró que no existe un vínculo directo entre los actos ejecutados por los independentistas y la potencial reducción de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión.
Tras la resolución del TJUE, el magistrado del Supremo Pablo Llarena rechazó alzar la orden de detención. Llarena consideró que la visión de que existió un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial ha quedado fuera del análisis del tribunal de Luxemburgo. Este ha sido el argumento clave del alto tribunal para bloquear el regreso del líder independentista a España estos últimos años.
Qué pasa ahora con la orden de detención
La estimación del amparo de Turull no levanta por sí sola la orden de detención de Puigdemont. El Constitucional no tiene competencia para anular directamente las resoluciones del Supremo sobre medidas cautelares. Lo que hace su pronunciamiento es fijar doctrina: si la malversación del procés queda amnistiada, el Supremo pierde el argumento que ha venido usando para mantener la orden de detención. La pelota queda así en el tejado de la Sala Segunda, que tendrá que decidir si revisa su criterio a la luz de la nueva sentencia.
El fallo del Constitucional afecta a todos los líderes del procés, no solo a Turull. La estimación de su amparo se extiende al resto de los condenados o procesados por malversación en la causa. Eso incluye a Puigdemont, que sigue fuera de España desde 2017. El expresidente de la Generalitat mantiene su residencia en Bélgica y ha evitado pisar territorio español por miedo a ser detenido.
La decisión del Constitucional se produce en un contexto de alta tensión política. El Gobierno de Pedro Sánchez depende de los votos de Junts en el Congreso para sacar adelante sus iniciativas legislativas. La ley de amnistía fue una de las exigencias de la formación de Puigdemont para investir a Sánchez. El aval del TJUE y ahora el paso del Constitucional acercan el cumplimiento de ese compromiso.
El Supremo, sin embargo, no tiene un plazo fijo para decidir. Puede mantener la orden de detención hasta que se pronuncie sobre el fondo o puede revisarla antes. La sentencia del Constitucional aún no está redactada: la mayoría progresista tendrá que nombrar un nuevo ponente y elaborar el texto que sustituya al de Macías. Hasta que esa sentencia se publique y se notifique, el Supremo no está formalmente obligado a mover ficha.
El caso llega al Constitucional después de un largo recorrido judicial. La ley de amnistía se aprobó en 2024 y el Supremo la aplicó de forma restrictiva, dejando fuera la malversación al entender que hubo enriquecimiento personal. Los recursos de los afectados llegaron al TC, que ahora ha dado la razón a Turull por la mínima. La votación, con cinco magistrados a favor y siete en contra, refleja la división interna del órgano. La mayoría progresista ha impuesto su criterio pese a los argumentos del ponente conservador.
El regreso de Puigdemont a España tendría consecuencias políticas inmediatas. El líder de Junts podría volver a la primera línea institucional, aunque su situación procesal no quedaría completamente resuelta hasta que el Supremo ejecute la amnistía. La oposición del PP y Vox ha criticado con dureza la ley de amnistía desde su tramitación. El PP ha anunciado que recurrirá ante instancias europeas cualquier decisión que permita el regreso del expresidente catalán.
La sentencia del Constitucional también puede afectar a otros casos pendientes. La doctrina que fije el TC sobre la malversación del procés marcará el camino para los recursos de los demás condenados. La decisión de este martes es solo el primer paso de un proceso que aún puede alargarse meses. El Supremo tiene la última palabra sobre la orden de detención, y su decisión dependerá de cómo interprete el fallo del Constitucional.
