La exvicepresidenta de Zapatero, con baja médica desde hace un año, podría perder su plaza vitalicia tras informe de incapacidad permanente
Carmen Calvo ha impulsado este lunes los trámites para cesar a María Teresa Fernández de la Vega como consejera permanente del Consejo de Estado por razones de salud. La exvicepresidenta del Gobierno de Zapatero (2004-2010) y expresidenta del órgano consultivo lleva más de un año en baja médica, según fuentes del Consejo confirmadas por *ABC*.
El proceso, aprobado por unanimidad en la comisión permanente del Consejo el pasado 17 de septiembre, exige ahora un informe técnico que determine si su situación —calificada de «no reversible»— cumple los requisitos legales para considerar una incapacidad permanente. Según el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el cese solo es posible por renuncia, delito, incapacidad permanente o incumplimiento de funciones, y requiere audiencia de la afectada, informe del pleno y un real decreto del Consejo de Ministros.
Fernández de la Vega fue nombrada consejera permanente en 2018 por el Gobierno de Rajoy, un cargo vitalicio que solo puede perderse por las causas citadas. Su posible salida abriría una plaza que el Gobierno podría cubrir con otro nombramiento, aunque no hay plazos definidos para el proceso. La iniciativa ha generado especulación sobre si Calvo busca ocupar esa plaza, algo que su entorno desmiente: «Calvo no quiere ser consejera vitalicia», aseguran fuentes cercanas.
La presidenta del Consejo de Estado ha criticado en público la condición de vitalicidad de estos cargos. En junio, declaró a *El Periódico*: *»La vitalicia es muy difícil de sostener en ciertas condiciones»* y propuso fijar *»una edad larga»* como alternativa. Sin embargo, cualquier cambio en la ley orgánica requeriría una reforma que, de momento, no está en marcha.
El Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, está compuesto por consejeros permanentes (8, nombrados por el Ejecutivo), natos (11, como expresidentes del Gobierno o del Tribunal Supremo) y electivos (10, designados por el Congreso). Su secretaría general está dirigida por Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, quien ha coordinado con Calvo los pasos legales para el cese.
