La comisión permanente aprueba por unanimidad iniciar los trámites para apartar a la exvicepresidenta por una baja médica no reversible, según fuentes del órgano.
Carmen Calvo ha impulsado los trámites para estudiar el cese de María Teresa Fernández de la Vega como consejera permanente del Consejo de Estado por razones de salud. La comisión permanente del órgano consultivo aprobó por unanimidad iniciar los trámites para apartar a una consejera en su reunión del 17 de septiembre, según confirman fuentes del Consejo de Estado. La situación que padece es no reversible, según las mismas fuentes. Fernández de la Vega fue vicepresidenta primera del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2010 y presidió el Consejo de Estado antes que la propia Calvo.
La exvicepresidenta lleva más de un año de baja médica, según ha adelantado ABC. El artículo 11 de la ley orgánica del Consejo de Estado establece que los consejeros permanentes son inamovibles, una característica, la vitalicia, extraordinaria en las instituciones del Estado español. La misma disposición permite su cese por renuncia o por causa de delito, incapacidad permanente o incumplimiento de sus funciones. Para acordarlo por alguna de estas tres últimas causas exige la audiencia de la persona afectada, un informe favorable del pleno y un real decreto acordado en Consejo de Ministros. Una baja médica, por sí sola, no acredita la incapacidad permanente prevista en la ley.
Dos consejeros permanentes, también conocidos como vitalicios, y un letrado elaborarán una ponencia sobre el caso. Después tendrá que pasar por el consejo permanente, compuesto por ocho personas además de De la Vega, y por el pleno. En el pleno también participan los consejeros natos, que son 11, los electivos, que son 10, y el secretario general, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. Calvo abordó la situación de la consejera con Calvo-Sotelo y decidieron impulsar el proceso. Según fuentes del Consejo, no hay plazos acotados para completar todo el procedimiento.
La sospecha de un puesto vitalicio
La iniciativa ha suscitado entre miembros del Consejo la sospecha de que Calvo quiera ocupar una plaza de consejera permanente, según ABC. Fuentes del entorno de la presidenta desmienten esa interpretación. «Calvo no quiere ser consejera vitalicia y el tiempo nos dará la razón», apuntan. Los consejeros permanentes son nombrados por el Gobierno y ostentan cargos vitalicios. La actual presidenta del Consejo de Estado no ve bien esa característica, como ha expresado públicamente en varias ocasiones.
En una entrevista con EL PERIÓDICO en junio, Calvo afirmó: «Yo creo que la condición de permanentes vitalicios habría que mirarla». Calvo argumentó que es «muy difícil sostener lo de ‘hasta el final de tus días’ en según qué condiciones» y planteó fijar «una edad larga». Cualquier cambio requiere modificar la ley orgánica. Esa modificación está en estudio también en otra ponencia, pero no ha sido impulsada por ahora.
Quién sustituiría a De la Vega y con qué reglas
El procedimiento abierto a De la Vega debe resolverse conforme a las causas de cese que ya contempla la norma. El Gobierno sería el que elegiría a un sustituto o sustituta para ocupar ese puesto vitalicio si la exvicepresidenta acabara saliendo del órgano consultivo. La decisión final correspondería al Consejo de Ministros mediante real decreto, previo informe favorable del pleno del Consejo de Estado y audiencia de la afectada. La combinación de estos requisitos hace que el proceso no dependa solo de la voluntad de la presidenta del órgano.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Emite dictámenes preceptivos en determinados procedimientos administrativos y puede ser consultado en otros asuntos. Sus consejeros permanentes ocupan plaza con carácter vitalicio, una condición que solo comparten un número reducido de altos cargos del Estado. La ley orgánica que regula su funcionamiento data de 1980 y ha sido modificada en varias ocasiones desde entonces. La inamovilidad de los consejeros permanentes busca garantizar la independencia técnica del órgano frente a los cambios políticos.
La iniciativa de Calvo llega después de que ella misma haya cuestionado públicamente la figura del consejero vitalicio. En la entrevista de junio, la presidenta del Consejo de Estado se mostró partidaria de revisar esa condición. La ponencia que estudia un cambio legal sigue sin avances concretos, según el texto fuente. El caso de De la Vega se tramita por la vía de las causas de cese ya previstas, no por una reforma normativa.
La decisión sobre el cese de De la Vega corresponde en última instancia al Consejo de Ministros, que debería aprobar un real decreto. Antes, el pleno del Consejo de Estado debe emitir un informe favorable y la afectada debe ser oída. La ponencia de dos consejeros permanentes y un letrado será el primer paso formal. Después, el consejo permanente y el pleno tendrán que pronunciarse. No hay un calendario fijado para completar estos trámites, según las fuentes consultadas.
