García amenaza con multas a Ayuso por incumplir la sentencia judicial que ordena el listado de profesionales que se niegan a practicar abortos
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha ordenado este martes a la Abogacía del Estado que inicie acciones legales para obligar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a crear el registro de médicos objetores al aborto, una medida contemplada en la reforma de 2023 de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
El Ejecutivo madrileño, que desde abril inició los trámites para constituir este registro por imposición judicial, ha sido acusado por García de incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le obligaba a avanzar más allá de los pasos iniciales. La consejera de Sanidad autonómica, Fátima Matute, había defendido que no crearían una «lista negra», pero el Gobierno central llevó el caso a los tribunales para forzar su cumplimiento.
La ministra de Sanidad advirtió en un acto promocional del aborto bajo el lema *»el aborto sin barreras»* que el sectarismo de Madrid no puede bloquear un derecho reconocido en la ley. Según García, a 1 de septiembre, la Comunidad de Madrid no ha completado los trámites administrativos necesarios para implementar el registro, pese a que la justicia ya ordenó su creación.
El conflicto se enmarca en una batalla legal abierta: Madrid recurrió la medida cautelar y amenaza con recurrir hasta el Tribunal Constitucional, mientras el Gobierno central amenaza con multas e inhabilitaciones si no se cumple la sentencia. La Abogacía del Estado, ahora impulsada por García, será quien decida si Madrid incumple la ley y qué sanciones aplicar.
El registro de objetores, en vigor desde 2023, obliga a los centros sanitarios públicos a identificar a los profesionales que se niegan a practicar abortos, garantizando así el derecho de las pacientes a elegir médico. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, se ha opuesto desde el principio, alegando que vulnera la libertad de conciencia de los médicos.
