El borrador de José María Macías avala la inhabilitación de Turull y rechaza el borrado penal de la malversación, pero la Corte se fractura en dos bloques irreconciliables
Jordi Turull pierde una nueva batalla legal para eliminar su condena de 12 años de inhabilitación. Este martes, siete magistrados del Tribunal Constitucional han bloqueado el borrador de la primera ponencia sobre el borrado penal de la malversación que el Supremo denegó a los independentistas catalanes condenados por el 1-O. La decisión, liderada por el magistrado José María Macías, avala los autos del Alto Tribunal de julio y septiembre de 2024, que rechazaron eliminar la pena de inhabilitación absoluta impuesta a Turull y otros nueve exconsejeros.
El fallo, que aún no es definitivo, confirma la división interna del Constitucional: siete magistrados apoyan mantener la condena, mientras otros cinco —incluyendo a los que votaron a favor de la amnistía en 2023— se oponen. La fractura se centra en un argumento clave: la norma de amnistía no cubre el delito de malversación porque los condenados evitaron pagar los gastos derivados de la sedición con su patrimonio personal, según adelantó El Debate.
La ponencia de Macías rechaza explícitamente que los líderes del procés puedan beneficiarse de la ley de amnistía, al considerar que hubo un «beneficio patrimonial» al desviar fondos públicos. Este argumento, que ya esgrimió el Supremo, refuerza la postura de los magistrados contrarios a la anulación.
El precedente de los autos del Supremo
Los autos del Supremo de 2024 —firmados por la Sala Segunda— sentaron un precedente clave: la malversación cometida por los condenados del 1-O no puede ser amnistiada porque implicó un enriquecimiento ilícito. El tribunal argumentó que los fondos públicos desviados no fueron reintegrados, lo que convierte el delito en un beneficio personal, no solo en un acto político. Esta interpretación, ahora respaldada por Macías, limita el alcance de la ley de amnistía a delitos sin componente patrimonial.
La división interna del Constitucional
La Corte se fractura en dos bloques irreconciliables. Los siete magistrados que respaldan la postura de Macías —incluyendo a los nombrados por el PP y el PSOE— defienden que la amnistía no puede aplicarse a delitos con perjuicio económico. En cambio, los cinco contrarios, mayoritariamente designados por gobiernos progresistas, insisten en que la ley debe interpretarse de forma amplia, sin distinguir entre delitos políticos y económicos. Esta división refleja el debate más profundo: ¿la amnistía es un acto de justicia transicional o una herramienta para eludir responsabilidades?
El caso de Turull, aún inhabilitado, se convierte así en el termómetro de la tensión entre la interpretación estricta de la ley y la presión política por cerrar el conflicto catalán. La próxima votación en el Constitucional podría definir si la amnistía se aplica solo a delitos sin componente patrimonial o si se extiende a todos los condenados, incluyendo a los exconsejeros.
El PP y Vox ya han anunciado que recurrirán la decisión si se confirma la anulación parcial. Mientras, ERC y Junts exigen una interpretación más flexible, argumentando que la ley de amnistía debe priorizar la reconciliación sobre los tecnicismos legales.
