El PSOE denuncia ‘persecución política’ y advierte de un ‘efecto búmeran’ que podría dañar la imagen de la justicia
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, será juzgada por malversación y tráfico de influencias tras el auto de apertura de juicio oral dictado este lunes por el juez Juan Carlos Peinado, solo seis días antes de su jubilación. El proceso, que se enmarca en una instrucción que lleva más de dos años, ha generado una ola de condenas desde el Gobierno y el PSOE, que denuncian una ‘persecución judicial’ y un ‘acoso’ contra la familia del presidente.
El auto, que sentará a Gómez en el banquillo, llega en un momento clave: mientras el presidente viaja a Nueva York para participar en la Cumbre de la ONU, coincidencia que el Gobierno califica de ‘intolerable’. Desde Moncloa y Ferraz señalan que esta estrategia repetida en el pasado busca ‘dañar’ al Ejecutivo, aunque reconocen que la instrucción podría tener un ‘efecto búmeran’ al movilizar a los votantes progresistas.
Un ministro consultado por El Periódico aseguró que la investigación, corregida en varias ocasiones por la Audiencia de Madrid, ‘solo ha hecho daño al buen nombre de la justicia’ y ha generado una ‘imagen de corporativismo inaceptable’. Desde el Gobierno consideran que el proceso es ‘un revulsivo’ para los militantes, que ven en él una ‘operación de acoso y derribo’ contra el Ejecutivo.
La apertura del juicio coincide con una narrativa socialista que insiste en la inocencia de Gómez y en la falta de pruebas sólidas. Dirigentes del PSOE comparan el caso con otras investigaciones en curso, como las del caso Zapatero o la de Leire Díez, pero destacan que ‘la gente diferencia entre causas con indicios reales y las que no’. En este sentido, fuentes de Moncloa califican los casos de Gómez y de David Sánchez, hermano del presidente, como ‘de risa’, sin fundamento.
El PSOE y sus socios de Gobierno, desde Sumar hasta ERC y Podemos, coinciden en denunciar una ‘persecución política’ motivada por la condición de Gómez como esposa del presidente. Un senador socialista criticó que ‘la independencia de la justicia se confunde con la imposibilidad de recibir críticas’, señalando que el Poder Judicial ‘no puede ser un poder divino sin control’. La referencia a la famosa frase de José María Aznar —’El que pueda hacer que haga’— resurge como símbolo de la supuesta ‘cacería’ contra el Gobierno.
Mientras, el juez Peinado mantiene su postura tras años de instrucción, aunque el auto ha sido objeto de correcciones por parte de la Audiencia de Madrid. Desde el Gobierno se considera que el proceso debería declararse ‘nulo’ por los ‘errores que contiene’, aunque aún no hay una fecha concreta para el inicio del juicio.
El contexto: una instrucción de dos años y el ‘efecto búmeran’
La investigación contra Begoña Gómez se remonta a 2024, cuando se abrió una causa por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. El juez Peinado ha sido el encargado de llevar el caso, aunque su instrucción ha sido revisada en varias ocasiones por la Audiencia de Madrid, lo que ha generado dudas sobre su imparcialidad.
Desde el Gobierno se argumenta que esta instrucción ‘moviliza’ a la base socialista, pese al ‘dolor’ que cause al presidente. Un eurodiputado del PSOE aseguró que ‘todos saben que es una operación de acoso y derribo contra el Gobierno socialdemócrata más importante de Europa’. La coincidencia de la apertura del juicio con el viaje de Sánchez a la ONU no ha pasado desapercibida: desde Moncloa se califica de ‘intolerable’ que se produzca en un momento así.
El caso se enmarca en un contexto de tensiones entre el Gobierno y sectores judiciales, con acusaciones cruzadas sobre la independencia de la justicia. Mientras el PSOE denuncia un ‘alineamiento ideológico’ del Poder Judicial con la derecha, desde la oposición se señala la falta de pruebas contra Gómez.
Las implicaciones: ¿un daño electoral o una movilización?
Aunque el Gobierno reconoce que el caso ‘moviliza’ a sus votantes, hay dudas sobre su impacto electoral. Un ministro consultado admitió que ‘está por ver cómo se canaliza en la calle’, aunque considera que la instrucción ‘genera indignación’. Desde Ferraz se insiste en que el proceso ‘desacredita otras investigaciones más preocupantes’, como las del caso Zapatero o la de Leire Díez.
El PSOE y sus aliados ven en este juicio una ‘operación política’ para debilitar al Gobierno, mientras que desde la oposición se argumenta que la falta de pruebas sólidas podría perjudicar la credibilidad de las acusaciones. La referencia a la frase de Aznar —’El que pueda hacer que haga’— subraya la percepción de una ‘cacería’ contra el Ejecutivo.
Mientras tanto, el juez Peinado mantiene su postura, aunque el auto ha sido revisado en varias ocasiones. Desde el Gobierno se considera que el proceso debería declararse ‘nulo’ por los ‘errores que contiene’, aunque aún no hay una fecha concreta para el inicio del juicio.
El caso Begoña Gómez se convierte así en un símbolo de las tensiones entre el Gobierno y sectores judiciales, con implicaciones que van más allá del proceso en sí: desde la movilización de la base socialista hasta las acusaciones de ‘persecución política’.
