El juez ordena investigar su patrimonio pero rechaza medidas cautelares antes de jubilarse esta semana
El juez Juan Carlos Peinado ha abierto juicio oral con jurado popular contra **Begoña Gómez**, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora **Cristina Álvarez** por presuntos delitos de **tráfico de influencias** y **malversación**. El auto, dictado hoy, envía a ambas a juicio antes de que el magistrado se jubile esta semana, según lo previsto en el procedimiento.
Peinado rechaza adoptar **medidas cautelares** contra las acusadas, pero sí ordena al **Punto Neutro Judicial** que remita las **cinco últimas declaraciones de la renta** de Begoña Gómez para evaluar su **capacidad económica** en el marco de posibles responsabilidades patrimoniales. La investigación se centra en presuntos beneficios económicos derivados de su posición vinculada al Gobierno.
El caso se enmarca en la **Ley Orgánica 10/1995 de Código Penal**, que tipifica el tráfico de influencias como el uso indebido de relaciones públicas para obtener ventajas económicas, y la malversación como el desvío de fondos públicos o privados con fines personales. Ambos delitos requieren **prueba de intención dolosa**, lo que explica la ausencia de medidas cautelares hasta la fase de juicio.
Este procedimiento sigue el **modelo de juicio con jurado** establecido en la **Ley Orgánica 5/1995**, donde un jurado de ciudadanos decide la culpabilidad o inocencia tras la fase de instrucción. La decisión de Peinado de no aplicar cautelares —como embargo de bienes o prohibición de salir del país— refleja la **fase inicial del proceso**, donde solo se ha confirmado la existencia de indicios, no pruebas definitivas.
El caso adquiere relevancia política por la identidad de las acusadas: **Begoña Gómez**, figura pública vinculada al círculo más cercano al presidente, y **Cristina Álvarez**, asesora con acceso directo a decisiones gubernamentales. Su imputación podría afectar a la percepción de **transparencia en la gestión pública**, especialmente en un contexto de creciente escrutinio sobre conflictos de interés en la administración.
El juicio se celebrará tras la jubilación de Peinado, lo que podría generar **incertidumbre sobre la continuidad del proceso** bajo otro juez. La Fiscalía y la defensa tendrán ahora **dos meses** para presentar sus escritos definitivos antes de la fase de juicio, según el calendario procesal.
