La defensa denuncia que el escrito de la acusación popular incumple la Ley del Jurado al mezclar informes judiciales y declaraciones no admitidas
El juez instructor Juan Carlos Peinado ha suspendido la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez por graves irregularidades en el escrito de acusación presentado por la acusación popular, según confirmaron fuentes jurídicas en la audiencia preliminar del martes 8 de septiembre. El magistrado, que se jubila el 27 de septiembre, no notificó el auto de apertura antes de sus vacaciones (hasta el 18 de septiembre), lo que agravó un proceso ya marcado por la politización y la falta de claridad en los hechos imputados.
El abogado defensor Jaime Campaner, especialista en juicios con jurado, advirtió que el escrito de la acusación popular —representada por Hazte Oír— incumple la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) al introducir 20 referencias a declaraciones de testigos y peritos, algo prohibido en este tipo de procesos. Además, el documento mezcla 12 menciones a resoluciones de la Audiencia de Madrid (como el auto del 16 de julio de 2025) y tergiversa informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no incriminan directamente a Gómez. Según Campaner, esto contamina el juicio al exponer al tribunal a argumentos jurídicos ajenos a los hechos probados.
La Fiscalía de Madrid ya había solicitado el sobreseimiento (archivo) por falta de delitos, pero la acusación popular ratificó su escrito original, sin subsanar los errores. El juez Peinado, en vacaciones, tiene tres opciones: archivar la causa por ineficacia del escrito (la opción más drástica, alineada con el principio acusatorio), ignorar los errores y dejar que la Audiencia Provincial de Madrid los resuelva en cuestiones previas, o dar un plazo breve a la acusación para corregirlo —aunque esto podría interpretarse como parcialidad. La causa, instruida desde abril de 2024, se centra en delitos de malversación y tráfico de influencias, poco habituales en juicios con jurado, donde el 90% de los casos son asesinatos o robos.
El caso refleja los riesgos de politizar causas complejas: la acusación popular, sin obligación de probar los hechos, ha priorizado argumentos jurídicos sobre la claridad fáctica exigida por la ley. Mientras, la defensa de Gómez alega que el proceso ha sido un fraude procesal al vulnerar normas básicas del juicio con jurado, como la prohibición de citar declaraciones previas. La decisión final dependerá de si Peinado, al reanudar su labor el 18 de septiembre, opta por el archivo o permite una corrección que podría alargar el proceso hasta su jubilación.
