El juez, que se jubila en días, toma su novena decisión clave en la investigación coincidiendo con un viaje de Sánchez a la ONU; el PSOE denuncia ‘acoso’ y ‘intencionalidad política’
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación, según confirmó este lunes. La instrucción, que lleva dos años en la opinión pública, será juzgada por un jurado popular de nueve ciudadanos de la Comunidad de Madrid —más dos reservas—, una decisión que el Gobierno califica de «espectáculo» y «surrealista».
La elección de un jurado popular —y no un tribunal profesional, como ocurrió en el caso del alcalde de Estepona— ha generado rechazo en el PSOE. La ministra Diana Morant cuestionó este lunes la imparcialidad de un veredicto en un caso «que llevamos dos años debatiendo en todos los medios y en el Congreso». Desde la Moncloa insisten en su «plena confianza» en la justicia, pero fuentes del Gobierno señalan que «es difícil tener una visión no contaminada» tras años de exposición mediática.
Peinado, que cumple 72 años y se jubilará en los próximos días, ha tomado nueve decisiones clave en esta investigación coincidiendo con viajes internacionales de Sánchez. La última, conocida mientras el presidente volaba a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, ha reavivado las acusaciones de «acoso» y «intencionalidad política» desde el Ejecutivo. «Es intolerable que se notifique un auto coincidiendo con un viaje del presidente», denunciaron fuentes de la Moncloa, donde subrayan que el juez «hace público el fallo antes de notificarlo a las partes».
El caso se enmarca en una instrucción controvertida desde su inicio. La defensa de Gómez —que niega los cargos— argumenta que la investigación ha estado marcada por filtraciones y sesgos. Mientras, el Gobierno mantiene su postura: Sánchez ha repetido en múltiples ocasiones que «la justicia respecto a Begoña Gómez es la total inocencia». La decisión de Peinado, sin embargo, deja abierta la posibilidad de que un jurado popular —sin formación jurídica— determine su futuro penal.
El juicio, que podría celebrarse en los próximos meses, se suma a una estrategia judicial que ha convertido este caso en un símbolo de la polarización política. Con Sánchez en el exterior y el reloj corriendo hacia la jubilación del juez, el proceso entra en una fase crítica donde el PSOE apuesta por deslegitimar el jurado popular como método, mientras la oposición ve en él una oportunidad para reforzar su narrativa de «persecución política».
