La esposa de Pedro Sánchez y Cristina Álvarez, imputadas en un caso que podría extenderse a financiación irregular del PSOE; el juez ordena investigar su patrimonio
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata Peinado ha abierto este lunes el juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. También ha enviado al banquillo a Cristina Álvarez, asistente del presidente en Moncloa, imputada solo por malversación. El magistrado ha descartado imponer cautelares y ha ordenado investigar la capacidad económica de Gómez, tras conseguir el aval de la Audiencia Provincial de Madrid para procesarla.
La decisión llega tras meses de investigación y marca un hito judicial: es la primera vez que un familiar directo del presidente del Gobierno es juzgado por estos delitos. La acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide 13 años de prisión para Gómez, mientras Fiscalía y defensas solicitan la absolución. El caso se enmarca en el contexto de una ofensiva judicial contra el PSOE, que ya enfrenta otros procesos como el de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero —cuya documentación el juez Calama exige ahora al expresidente— y las cloacas socialistas vinculadas a Leire Díez.
El juicio oral contra Gómez y Álvarez se suma a la presión judicial sobre el partido. Mientras, el juez Calama ha citado a declarar como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre y ha pedido un informe pericial sobre las joyas halladas en su antigua oficina. Septiembre y octubre se perfilan como meses clave para el PSOE, con imputaciones pendientes por financiación irregular y presunta extorsión a jueces.
El caso de Gómez y Álvarez podría tener consecuencias políticas inmediatas. El PSOE, ya en minoría parlamentaria, enfrenta un escenario de debilidad institucional, mientras la oposición —especialmente PP y Vox— podría usar estos procesos para intensificar su crítica al Gobierno. Además, el juicio con jurado popular añade un componente de exposición mediática que podría influir en la percepción pública de la gestión de Sánchez.
La Audiencia Nacional, competente en estos casos, actúa en un contexto de creciente polarización judicial. El proceso contra Gómez y Álvarez se desarrolla en paralelo a otros casos de corrupción que afectan a partidos y administraciones, como las cloacas socialistas o las investigaciones sobre financiación irregular en el PP. La decisión de Peinado de no imponer cautelares, pero sí investigar su patrimonio, refleja el enfoque del juez: priorizar la prueba sobre medidas restrictivas.
