El tribunal examina el recurso de Jordi Turull sobre la malversación, una resolución clave para la orden de arresto de Carles Puigdemont.
Los recursos de amparo contra el rechazo del Tribunal Supremo a perdonar la malversación llegan este martes a la mesa del Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías evaluará las demandas de los líderes independentistas catalanes tras meses de discrepancias judiciales. Entre los afectados directos figura Carles Puigdemont, quien mantiene vigente una orden nacional de detención dictada tras su marcha a Bélgica durante el otoño de 2017.
El punto central del debate jurídico se centra en el concepto de beneficio personal de carácter patrimonial. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo determinó en sus resoluciones previas que desviar fondos públicos hacia la organización del referéndum encajaba en esa excepción legal. La corte de garantías ya avaló la constitucionalidad de la norma durante el año pasado frente a las impugnaciones promovidas por el Partido Popular. Ahora corresponde a los magistrados determinar si la interpretación restrictiva aplicada por los instructores vulneró los derechos fundamentales de los procesados.
El primer caso sometido a deliberación ordinaria corresponde a Jordi Turull, secretario general de Junts y antiguo consejero autonómico. La ponencia del expediente recae sobre el magistrado José María Macías, perteneciente al sector conservador del organismo y alineado con el criterio restrictivo marcado por el Supremo. Los recursos presentados por Oriol Junqueras, Raül Romea y Dolors Bassa se debatirán de manera escalonada en convocatorias plenarias posteriores.
El criterio de la justicia comunitaria y la postura de Pablo Llarena
La revisión de estos amparos se produce poco después del pronunciamiento emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La corte de Luxemburgo descartó que los hechos investigados hubieran provocado un menoscabo directo a los intereses financieros comunitarios. Esa conclusión desactivó una de las dos vías utilizadas por el Tribunal Supremo para denegar el archivo definitivo de las actuaciones por malversación.
Sin embargo, el magistrado instructor Pablo Llarena ratificó recientemente la vigencia de la causa penal contra Carles Puigdemont y rechazó extinguir su responsabilidad. El instructor razonó que la resolución europea no analizó la concurrencia del beneficio patrimonial personal en las conductas investigadas. Asimismo, argumentó que los pronunciamientos previos sobre la validez general del texto legislativo no suponen una desautorización automática del criterio técnico aplicado en la causa del proceso independentista.
La negativa judicial a cancelar la orden de busca y captura nacional no constituye un cierre definitivo del procedimiento. En su propia resolución, el instructor especificó que el rechazo obedecía a los motivos concretos alegados en la petición. Esa formulación deja abierta la opción de revaluar las medidas cautelares si varían los presupuestos procesales.
La repercusión directa sobre el regreso de Carles Puigdemont
El fallo sobre el recurso de Jordi Turull marcará el ritmo operativo de las actuaciones seguidas en el alto tribunal. Fuentes del Tribunal Supremo señalaron que Pablo Llarena agilizará su postura respecto a Carles Puigdemont en cuanto conozca los fundamentos jurídicos del Constitucional. Si la doctrina adoptada concluye que la malversación encaja plenamente dentro del perímetro perdonable, el juez instructor aplicará ese criterio sin aguardar a que concluya el trámite específico del expresidente.
Un levantamiento formal de la orden de detención despejaría el camino legal para el retorno del líder de Junts sin riesgo de privación preventiva de libertad. Desde la dirección de su formación política mantienen la cautela operativa ante los calendarios judiciales. El portavoz parlamentario Josep Rius rechazó valorar hipótesis sobre traslados inmediatos y reclamó a los órganos jurisdiccionales la aplicación íntegra del texto normativo aprobado por el Congreso de los Diputados en mayo de 2024.
El pronunciamiento del tribunal de garantías definirá la aplicación práctica de una ley diseñada para pacificar el conflicto derivado del 1 de octubre. La resolución sobre Jordi Turull servirá de referencia indispensable para el resto de causas pendientes vinculadas a la administración de fondos públicos durante aquella legislatura.
El propio Tribunal Constitucional ha señalado que, además de los casos ya mencionados, también revisará el recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont en la misma sesión, lo que permitirá al órgano decidir de manera simultánea sobre la posible aplicación de la amnistía y la posible revocación de la orden de detención. Esta decisión conjunta podría sentar un precedente decisivo sobre la extensión de la amnistía a los cargos de malversación y su impacto en las medidas cautelares asociadas.
En la sesión de hoy, el TC también evaluará la posibilidad de revocar la orden de detención de Puigdemont, lo que implicaría un cambio inmediato en la situación de libertad del expresidente y abriría la puerta a su posible retorno a España sin riesgo de detención preventiva.
