El tribunal da 20 días al Ministerio de Transportes para remitir el expediente del dispositivo habilitado para 1.700 migrantes en el puerto ceutí
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tramitará el recurso interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía frente a la autorización ministerial del campamento de migrantes en el puerto de Ceuta. El tribunal ha reclamado formalmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el expediente administrativo completo. La administración dispone de un plazo improrrogable de veinte días para remitir la documentación oficial requerida por los magistrados.
Este paso procesal inicia el examen judicial de fondo sobre la resolución adoptada el 5 de septiembre. Mediante esa orden ministerial, el departamento autorizó la ocupación temporal de unos 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario en la ampliación de Poniente. El espacio, solicitado formalmente por la Secretaría de Estado de Migraciones, cuenta con una capacidad calculada para acoger a cerca de 1.700 personas llegadas a la ciudad autónoma.
La resolución ministerial, publicada el 5 de septiembre de 2024, estableció los parámetros de uso del suelo y la necesidad de coordinación con el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad, señalando que la instalación podría incrementar riesgos para la infraestructura portuaria y la operativa del puerto.
El avance de la causa ordinaria llega tras el rechazo judicial de la medida cautelarísima con la que el sindicato policial pretendía frenar el montaje. Los magistrados descartaron la suspensión inmediata por considerar que concurren razones de interés general. La resolución judicial subrayó además que el permiso cuestionado únicamente habilita el uso del suelo portuario, sin fijar los protocolos de seguridad de los funcionarios.
El informe de Puertos del Estado y las objeciones iniciales
La disputa jurídica se centra en los informes técnicos previos a la instalación de las carpas de acogida. La Autoridad Portuaria de Ceuta rechazó en un primer momento ubicar el dispositivo en los muelles. Argumentó que el centro resultaba incompatible con la normal explotación comercial y logística del recinto marítimo ceutí.
Posteriormente, Puertos del Estado emitió un dictamen favorable fundamentado en la urgencia y el interés general de la atención humanitaria. Sin embargo, ese mismo organismo admitió que la infraestructura podía incrementar determinados riesgos sobre la seguridad de las instalaciones críticas y sensibles. El documento técnico alertaba también sobre posibles afecciones a la operativa diaria del puerto norteafricano.
El sindicato policial recalca que la orden ministerial contempló pedir refuerzos a dependencias del Ministerio del Interior. Para la organización sindical, esa solicitud confirma la existencia de riesgos potenciales en un punto especialmente vulnerable de la frontera sur europea. Los representantes policiales exigen ahora auditar los planes de prevención de riesgos laborales y los efectivos asignados al perímetro.
El reparto de competencias de seguridad tras la orden de Transportes
La tramitación del recurso sitúa el foco sobre la delimitación de competencias dentro de la administración general del Estado. La Audiencia Nacional ha señalado que la orden del ministerio encabezado por Óscar Puente solo regula la cesión del suelo público. Por tanto, corresponde al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska definir las condiciones de seguridad en las instalaciones.
Los agentes denuncian que la actividad ordinaria de los funcionarios en la zona portuaria requiere evaluaciones específicas previas de riesgos laborales. El sindicato sostiene que su deber es prevenir incidentes antes de que ocurran percances materiales o personales. La organización asegura que mantendrá la fiscalización judicial y sindical mientras las carpas sigan operativas en la dársena ceutí.
La remisión del expediente por parte del ministerio permitirá evaluar si la resolución se ajustó plenamente a las normas demaniales de puertos. Ceuta gestiona una presión migratoria constante condicionada por su reducida superficie terrestre. Esta limitación de espacio obliga de forma periódica al Ejecutivo central a movilizar terrenos singulares de titularidad estatal.
El conflicto evidencia la fricción entre la respuesta humanitaria urgente y la ordenación de infraestructuras críticas estatales en zonas de frontera. El tribunal deberá resolver si la ocupación del dominio público cumplió con los requisitos legales una vez analizados todos los informes administrativos remitidos.
Con el campamento ya operativo, el SUP ha declarado que exigirá conocer y fiscalizar las evaluaciones de riesgos, protocolos, efectivos y medios previstos para garantizar la seguridad de los policías destinados en un entorno especialmente sensible como el puerto de Ceuta. La organización sindical subraya que, aunque la cautelarísima ha terminado, el recurso judicial y su labor de prevención continúan, anticipándose al riesgo y protegiendo a sus compañeros.
