El líder del PP vincula el pasaporte español a ‘derechos y deberes’ y critica la gestión de Sánchez en Ceuta con más de 80.000 migrantes en julio
Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este domingo en Badalona que, de llegar al Gobierno, revisará los criterios para conceder, mantener y retirar la nacionalidad española, especialmente para personas condenadas por delitos graves como pertenencia a bandas criminales, asesinatos o agresiones sexuales. Lo ha presentado como una medida de ‘justicia y razón’, alineada con su defensa de una política migratoria ‘ordenada’ que equilibre derechos y obligaciones.
Feijóo ha justificado la medida con un tono directo: *»Si a alguien le molesta que retiremos la nacionalidad a un condenado por violencia o terrorismo, que me lo explique»*. Su discurso contrasta con la gestión actual del Gobierno, al que acusa de desatender la crisis migratoria en Ceuta, donde en julio entraron más de 80.000 personas en un solo día. El líder popular ha reprochado a Pedro Sánchez respuestas como *»lo de Ceuta son cosas de Vivas»* o *»si quieren ayuda, que lo pidan»*, que califica de *»vergonzosas»*.
La propuesta de Feijóo se enmarca en su apuesta por endurecer los controles fronterizos y recuperar el ‘prestigio del pasaporte español’, según sus palabras. Su intervención en Badalona, junto al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y el alcalde local, Xavier García Albiol, refuerza su estrategia de vincular la seguridad con la identidad nacional. La medida, sin embargo, choca con el marco legal actual, que ya permite la pérdida de la nacionalidad en casos de condenas por delitos graves, aunque su aplicación es menos frecuente de lo que propone el PP.
Políticamente, la iniciativa busca diferenciar al PP del Gobierno en temas clave como migración y seguridad, dos áreas donde el Ejecutivo ha sido criticado por su respuesta a la crisis de Ceuta. Feijóo apunta también a un electorado preocupado por la inmigración irregular, un tema que ha ganado peso en el debate público tras los episodios recientes. La oposición, por su parte, podría usar este anuncio para presionar sobre la gestión actual, aunque sin un consenso claro sobre cómo abordar el problema.
La revisión de la ley de nacionalidad, si se lleva a cabo, requeriría modificaciones legislativas y un debate parlamentario intenso. Mientras, el PP ya ha adelantado que su propuesta incluirá mecanismos más ágiles para retirar el pasaporte en casos de condenas firmes, algo que el Gobierno actual no ha priorizado.
