El Ejecutivo confirma al BNG que las entidades despojadas por Patrimonio Forestal encajan sin dificultad en la Ley de Memoria
Los montes vecinales en mano común expropiados durante la dictadura franquista podrán recibir la condición oficial de víctimas. El Gobierno central confirmó este criterio parlamentario a través de una respuesta escrita dirigida al Bloque Nacionalista Galego (BNG). La medida ampara a las agrupaciones rurales cuyos terrenos comunales fueron intervenidos u ocupados por el extinto Patrimonio Forestal del Estado.
La iniciativa partió del diputado Néstor Rego en el Congreso de los Diputados. El parlamentario nacionalista demandó compensaciones para las comunidades afectadas, con especial incidencia en el territorio de Galicia. Su pregunta parlamentaria planteó anular todos los actos y negocios jurídicos ejecutados sobre estas propiedades colectivas hasta el año 1980.
El Ejecutivo central fundamenta su decisión en los preceptos de la Ley de Memoria Democrática. La legislación vigente reconoce a quienes padecieron incautaciones y pérdidas patrimoniales directas. Según el criterio de la Administración General del Estado, estas entidades colectivas encajan sin dificultad entre los colectivos perseguidos por motivos políticos o económicos.
La condición legal de víctima abrirá la puerta a la reparación moral y al restablecimiento del honor colectivo. El marco normativo actual contempla actos conmemorativos públicos y homenajes institucionales para reparar a las personas jurídicas castigadas. Sin embargo, la respuesta ministerial elude detallar devoluciones patrimoniales directas o compensaciones económicas para los montes afectados.
El modelo comunal gallego representa una fórmula histórica de propiedad vecinal sin cuotas individuales. La usurpación durante el régimen franquista alteró de forma sustancial el tejido económico de cientos de parroquias rurales. La resolución parlamentaria marca una pauta administrativa relevante para las reclamaciones patrimoniales pendientes en el noroeste peninsular.
