ERC recuerda las 14 detenciones del 20-S de 2017 y acusa al Estado de represión judicial contra el independentismo
Oriol Junqueras, líder de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC), ha exigido hoy la aplicación «efectiva» de la ley de amnistía en el noveno aniversario de las protestas del 20 de septiembre de 2017, cuando la Guardia Civil detuvo a 14 personas —entre ellas el entonces secretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el de Hacienda, Lluís Salvadó— durante los registros previos al 1-O.
Junqueras calificó el operativo judicial de un «intento de asustar al movimiento independentista» que solo logró «desatar una respuesta masiva». ERC recuerda que las detenciones formaron parte de una «persecución política y judicial» que derivó en «exilio, inhabilitaciones y centenares de represaliados». El partido exige que la amnistía se aplique «sin dilaciones» a Jové y Salvadó, aún pendientes de su aplicación nueve años después.
La ley de amnistía, aprobada en febrero de 2023, busca anular condenas por delitos vinculados al proceso independentista catalán, aunque su aplicación ha sido lenta y con recursos judiciales. El Tribunal Constitucional aún no ha resuelto sobre su constitucionalidad, lo que bloquea su ejecución plena. Mientras, el Congreso tramita una reforma para ampliar su alcance, pero sin consenso entre partidos.
El 20-S de 2017 marcó un punto de inflexión: las protestas masivas contra los registros —con miles de personas en la calle— escalaron la tensión política. Hoy, ERC lo usa como símbolo de la «represión» y reclama que la amnistía cierre «definitivamente» ese capítulo. El Gobierno catalán, liderado por Pere Aragonès (Junts), ha apoyado la ley, pero sin impulsar su aplicación acelerada.
La amnistía afecta directamente a 129 condenados por delitos como sedición o malversación, según datos del Departamento de Justícia. Sin embargo, su ejecución se ha visto frenada por recursos del PP y el PSOE, que exigen garantías legales. Junqueras vinculó hoy la demora a un «subterfugio judicial» para evitar reparar la «violencia institucional» contra el independentismo.
