El magistrado del Supremo rechaza aplicar la amnistía al delito de malversación, argumentando que la sentencia europea no cubre el beneficio patrimonial personal
Carles Puigdemont y Antoni Comín siguen con órdenes de detención nacionales tras el rechazo del juez Pablo Llarena a aplicarles la amnistía por malversación, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ) del 16 de julio de 2026. El magistrado instructor del caso del procés argumenta que la absolución contable no equivale a una exención penal y que el fallo europeo no anula el propósito de beneficio patrimonial personal.
Llarena desestimó hoy la solicitud de ambos procesados para que se les aplicara la ley de amnistía al delito de malversación, tras analizar la sentencia del UJUÉ que validó la ley española de amnistía sin afectar a los intereses financieros de la UE. El juez mantiene que la amnistía contable no extingue la responsabilidad penal, y que el UJUÉ solo eliminó uno de los dos motivos que inicialmente excluyeron su aplicación: la posible afectación a los intereses financieros europeos.
El magistrado recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) aún no ha resuelto recursos de amparo presentados por Puigdemont y Comín, y que su interpretación sobre el beneficio patrimonial personal sigue vigente. Además, rechaza inhibirse a favor de tribunales catalanes o archivar la causa por doble persecución, al considerar que el procedimiento contable ante el Tribunal de Cuentas no anula la vía penal.
La decisión mantiene las órdenes de detención nacionales contra ambos, que se encuentran huidos desde 2017. Llarena aclara que no declara ir revisables las medidas cautelares, pero que su levantamiento solo procedería ante circunstancias concretas no vinculadas a la amnistía.
El UJUÉ valida la amnistía, pero no para malversación
El fallo del UJUÉ del 16 de julio de 2026 despejó una incertidumbre clave: la ley de amnistía española no vulnera el Derecho de la UE, siempre que no afecte a sus intereses financieros. Sin embargo, el juez Llarena matiza que la sentencia europea no cubre el segundo motivo de exclusión: el propósito de obtener un beneficio patrimonial personal, que según el Supremo sí se aplica a los hechos investigados.
El magistrado cita un auto de julio de 2024 donde ya denegó la amnistía por este motivo, argumentando que Puigdemont y Comín actuaron con intención de enriquecimiento personal al impulsar el procés. El UJUÉ no cuestionó esta interpretación, lo que deja intacta la postura del Supremo.
La sentencia europea sí obliga a aplicar la amnistía al expediente de responsabilidad contable que tramita el Tribunal de Cuentas, pero no al proceso penal por malversación. Esto crea una paradoja: mientras el órgano contable archivará los cargos, la vía judicial sigue abierta.
El TC pendiente y la estrategia de Puigdemont
El Tribunal Constitucional tiene en cartera recursos de amparo presentados por Puigdemont y Comín contra la denegación de la amnistía, pero Llarena evita anticipar su resultado. El magistrado señala que los pronunciamientos previos del TC sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía no han validado explícitamente su interpretación sobre el beneficio patrimonial, aunque tampoco la han invalidado.
Mientras, Puigdemont y Comín han recurrido todas las instancias para evitar su juzga miento. Su estrategia se centra en dos frentes: por un lado, lograr que el UJUÉ amplíe el alcance de su sentencia para incluir la malversación; por otro, presionar al TC para que anule la interpretación del Supremo. Hasta ahora, ambos intentos han fracasado.
El juez Llarena cierra su resolución recordando que las órdenes de detención no son definitivas, pero que su levantamiento dependerá de circunstancias concretas distintas a la amnistía. Esto deja la puerta abierta a futuras revisiones, aunque sin vincularlas directamente al fallo europeo.
¿Qué pasa ahora?
La decisión de Llarena sienta un precedente clave: la amnistía contable no extingue la responsabilidad penal, incluso cuando el UJUÉ valida la ley. Esto afecta directamente a otros imputados del procés, como Oriol Junqueras o Jordi Turull, que también enfrentan cargos de malversación.
El Tribunal de Cuentas deberá aplicar la amnistía a los expedientes contables, pero la vía penal sigue activa. Esto podría alargar los procesos judiciales, ya que los imputados podrían recurrir nuevamente ante el TC o el UJUÉ, buscando ampliar el alcance de la sentencia europea.
Para Junts per Cataluña, la resolución es un fracaso estratégico: Puigdemont buscaba usar la amnistía como herramienta para evitar su juzga miento definitivo. Ahora, con las órdenes de detención intactas, su regreso a España sigue siendo un riesgo legal. El partido catalanista podría intensificar su presión política, exigiendo al Gobierno central que negocie una solución que evite un juicio en España.
En el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, la decisión es vista como un éxito parcial: aunque la amnistía no se aplica, el proceso penal avanza con lentitud, lo que beneficia a los imputados. Desde la oposición, se critica que el Gobierno no haya impulsado una reforma legal para cerrar definitivamente el caso.
El Partido Socialista (PSOE), en cambio, evita pronunciarse públicamente, pero fuentes cercanas al Gobierno señalan que la resolución no cambia su postura: la amnistía ya está en vigor y su aplicación depende ahora de los tribunales. El Ejecutivo mantiene que la ley cumple con el Derecho europeo y nacional.
La próxima fase del caso dependerá de tres actores: el Tribunal Constitucional, que podría redefinir el alcance de la amnistía; el Tribunal de Cuentas, que deberá aplicar la ley a los expedientes contables; y el propio Tribunal Supremo, que podría revisar las pruebas en el proceso penal. Mientras tanto, Puigdemont y Comín siguen en el exilio, con sus opciones legales agotadas —por ahora— en España.
