Actualización (16 de septiembre a las 16:32):
El Gobierno vasco, con María Jesús San José al frente, concede semilibertad al exdirigente de ETA condenado por el atentado de Zaragoza en 1987
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la concesión del tercer grado de semilibertad a Henri Parot, exdirigente de ETA condenado por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987. El recurso se presenta ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, argumentando que la progresión es prematura y no se ajusta a los criterios legales.
El Gobierno vasco, a través de la consejera de Justicia María Jesús San José, aprobó el régimen de semilibertad hace apenas unos días. La Fiscalía reconoce la evolución positiva de Parot durante su condena, pero considera que el tiempo transcurrido desde la aplicación de su régimen actual es insuficiente para consolidar los factores necesarios para acceder al tercer grado.
El caso se enmarca en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que regula las modalidades flexibles de cumplimiento de pena. La Audiencia Nacional ya había cuestionado en el pasado las concesiones de semilibertad a exmiembros de ETA por parte del Gobierno vasco, lo que refleja un patrón de tensiones recurrentes entre la justicia central y las competencias autonómicas en materia penitenciaria.
Parot, de 73 años, cumple condena por su participación en el atentado que dejó 11 muertos en Zaragoza en 1987. Su caso es uno de los más mediáticos en el proceso de reinserción de exmiembros de la banda, donde el Gobierno vasco ha aplicado criterios más flexibles que los de otras comunidades autónomas.
El recurso de la Fiscalía podría retrasar la aplicación definitiva del tercer grado, sometiendo la decisión a un análisis judicial más exhaustivo. Mientras, el Gobierno vasco mantiene su postura, basada en la evolución del interno y el apoyo social y familiar que recibe.
El Gobierno vasco ya había concedido el régimen de semilibertad al etarra, condenado por 82 asesinatos, pero la Fiscalía pide revocarlo por falta de consolidación de su reinserción
Henri Parot, condenado por 82 asesinatos y con 26 sentencias que suman cerca de 4.800 años de prisión, ya disfrutaba de la flexibilización del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permitía salir a la calle en determinadas horas. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido esta semana la decisión del Gobierno vasco de concederle el tercer grado penitenciario, paso previo a la libertad condicional, al considerar que el avance es prematuro y no se ajusta a los criterios legales.
El fiscal Carlos García Berro argumenta en su escrito que, pese a reconocer la «evolución favorable» de Parot durante el cumplimiento de su condena, el tiempo transcurrido en régimen flexible aún es insuficiente para consolidar los factores que justificarían el acceso a la semilibertad. La Fiscalía subraya que la clasificación penitenciaria debe basarse en una valoración individualizada que incluya la gravedad de sus delitos —entre ellos, 82 asesinatos— y el pronóstico real de reinserción.
La decisión del Gobierno vasco, firmada por la consejera socialista María Jesús San José, encabeza el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, fue recurrida ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que ahora deberá resolver si revoca o confirma el avance. Hasta entonces, la progresión de Parot al tercer grado queda paralizada.
El marco legal: ¿qué exige el tercer grado?
El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permite a los internos con condenas largas disfrutar de salidas controladas para trabajar, estudiar o reunirse con familiares, siempre bajo supervisión. Sin embargo, el tercer grado —semilibertad— exige una evaluación más estricta: el interno debe demostrar una consolidación real de su reinserción, sin incidencias y con un pronóstico favorable. La Fiscalía considera que Parot, pese a su comportamiento reciente, no cumple aún estos requisitos.
Según datos del Ministerio del Interior, el tercer grado se concede en España a menos del 5% de los internos de máxima seguridad, y solo tras un periodo mínimo de dos años en segundo grado. En el caso de Parot, su historial delictivo —con 26 sentencias y 4.800 años de prisión acumulados— pesa especialmente en la valoración.
Reacciones políticas: ¿división entre autonomías y Estado?
La decisión del Gobierno vasco, liderado por el PSE-EE, contrasta con la postura del Estado central, representado por la Fiscalía. Mientras el Ejecutivo autonómico argumenta que Parot ha cumplido los requisitos de evolución y apoyo social, la Audiencia Nacional insiste en que su gravedad como terrorista —miembro de ETA— exige un análisis más riguroso. Esta división refleja tensiones históricas entre competencias autonómicas y criterios estatales en materia penitenciaria.
En el PP, fuentes cercanas al partido han criticado la concesión inicial, recordando que Parot fue condenado por delitos de lesa humanidad. Por su parte, Vox ha exigido la revocación inmediata, tachando la medida de «injusticia». El PSOE, en cambio, ha evitado pronunciarse públicamente, aunque el Gobierno vasco defiende su decisión como un avance en la reinserción.
¿Qué pasa ahora? El juez tiene la última palabra
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria deberá resolver en las próximas semanas si acoge el recurso de la Fiscalía. Si lo hace, Parot quedará en segundo grado, sin acceso a la semilibertad. Si lo rechaza, el tercer grado se confirmará, acercándolo a la libertad condicional tras cumplir los requisitos legales. Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre cómo equilibrar la reinserción con la gravedad de los delitos cometidos por terroristas.
Este no es un caso aislado: en los últimos cinco años, la Audiencia Nacional ha recurrido al menos tres decisiones autonómicas sobre progresiones de condenados por terrorismo, siempre alegando falta de consolidación. El de Parot, sin embargo, destaca por la magnitud de su condena y la polarización que genera.
La resolución judicial podría sentar un precedente para otros casos similares, especialmente en el ámbito de ETA, donde varios condenados cumplen penas largas y sus progresiones generan controversia.
