La mayoría de magistrados apuesta por aplicar la amnistía a los líderes del ‘procés’, pero Macías defiende la exclusión de la malversación por enriquecimiento personal
Jordi Turull, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y otros cinco líderes independentistas catalanes podrían ver levantadas sus condenas o penas de inhabilitación en las próximas semanas, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la aplicación de la amnistía a la malversación cometida durante el ‘procés’. El pleno del TC analizará el próximo 22 de septiembre el recurso presentado por Turull contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a este delito, que podría sentar doctrina para todos los casos pendientes.
El magistrado ponente, José María Macías, propone rechazar el recurso y mantener la exclusión de la malversación de fondos públicos de la amnistía, argumentando que el Tribunal Supremo actuó correctamente al considerar que este delito no estaba cubierto por la ley. Sin embargo, su postura quedará en minoría, ya que la mayoría de los magistrados del TC defienden que la intención del legislador era incluir la malversación en la amnistía, incluso cuando supuso un enriquecimiento personal para los condenados.
Si el TC se alinea con la mayoría, la sentencia —prevista para el pleno del 6 de octubre— obligaría a los tribunales a aplicar la amnistía a todos los líderes del ‘procés’, tanto a los condenados como a los procesados en rebeldía. Esto permitiría a Puigdemont regresar a España sin riesgo de detención y a Junqueras optar a cargos públicos, como ya ocurre con Raül Romea y Dolors Bassa, condenados en 2019.
El Tribunal Supremo ya ha confirmado que aplicará la doctrina del TC a todos los casos similares, incluso sin que las defensas lo soliciten, al considerar que las sentencias del Constitucional vinculan a todos los tribunales. Esto afectaría directamente a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, procesados en rebeldía, así como a Junqueras, Turull, Romea y Bassa, condenados por el Tribunal Supremo.
La decisión del TC podría resolver también el caso del Tribunal de Cuentas, donde la consejera Elena Hernanz debe dictaminar sobre la responsabilidad contable de Junqueras, Puigdemont y otros 33 implicados en el ‘procés’. La fiscalía y Societat Civil Catalana discrepan sobre el importe desviado (3,1 millones frente a 5,4 millones), pero la aplicación de la amnistía parece inevitable tras la consulta al Tribunal de Justicia de la UE, que descartó que el ‘procés’ afectara a intereses europeos.
El precedente de la sentencia del Tribunal Supremo
El magistrado Pablo Llarena, instructor del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, rechazó en julio aplicar la amnistía a Puigdemont basándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que solo resolvió parcialmente el conflicto. Llarena argumentó que la malversación en el caso de Puigdemont implicaba un enriquecimiento personal, lo que lo excluía de la amnistía. Sin embargo, el TC podría interpretar que esta exclusión no es aplicable a todos los casos, especialmente si considera que la ley de amnistía buscaba cubrir todos los delitos relacionados con el ‘procés’, independientemente de su naturaleza.
¿Qué implica para los líderes independentistas?
Si el TC falla a favor de la mayoría, los líderes del ‘procés’ condenados por malversación podrían recuperar sus derechos políticos y evitar la prisión. Puigdemont, que reside en Bélgica, podría regresar a España sin temor a ser detenido, mientras que Junqueras podría presentarse a elecciones. Sin embargo, el caso de los procesados en rebeldía es más complejo, ya que deberán demostrar que agotaron la vía judicial antes de recurrir al TC.
El Tribunal de Cuentas también verá afectado su proceso. La consejera Elena Hernanz debe decidir si aplica la amnistía a los implicados en el ‘procés’, especialmente tras la consulta al UJUÉ, que descartó que el procedimiento afectara a intereses europeos. Esto podría acelerar la resolución de un caso que lleva años paralizado.
La decisión del TC no solo tendrá impacto legal, sino también político. Si se confirma la aplicación de la amnistía a la malversación, el Gobierno catalán podría reforzar su narrativa de reconciliación, mientras que la oposición podría acusar de impunidad. Además, el caso podría reactivar el debate sobre la legitimidad de la ley de amnistía y su compatibilidad con el Estado de derecho.
