El relator Koldo Calsa exige paralizar desahucios sin alternativa habitacional y critica fondos de inversión que priorizan rentabilidad sobre derechos básicos
El relator de la ONU sobre Vivienda, Koldo Calsa, ha condenado este jueves el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con una pensión de 1.300 euros mensuales y 70 años en su vivienda. Según Calsa, el procedimiento «no es justificable» y viola el derecho a la vivienda, al priorizar la rentabilidad inmobiliaria sobre la dignidad de una persona en situación de vulnerabilidad.
El experto de Naciones Unidas ha exigido cambios legislativos urgentes en España para garantizar que ningún desahucio se ejecute sin una alternativa habitacional viable. En su hilo en Bluesky, Calsa recordó que la ONU ya había decretado medidas cautelares para suspender el desahucio temporalmente, pero la jueza no las aplicó. «Esto significa que todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debe paralizarse hasta que se ofrezca una solución justa», advirtió.
El caso de Maricarmen refleja un problema estructural: el 40% de los desahucios en España los impulsan fondos de inversión, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Estos fondos, dueños de viviendas enteras, modifican unilateralmente las condiciones de alquiler para expulsar a inquilinos, como denunció Calsa: «Si la inversión no es rentable con inquilina dentro, que busquen otro negocio».
El Gobierno español, que en 2022 aprobó la Ley de Vivienda para frenar los desahucios, ha sido criticado por organizaciones como la PAH por no cumplir con su aplicación efectiva. Mientras, el Congreso tramita una reforma para endurecer las condiciones de los fondos buitre, pero aún no hay consenso entre partidos. El PP y Vox exigen más flexibilidad para los propietarios, mientras PSOE y Sumar piden mayor protección para arrendatarios.
Este caso llega en un contexto de crecimiento récord de desahucios en 2026, con un 15% más que en 2025 según el Colegio de Registradores. La ONU ya había alertado en 2023 sobre el incumplimiento de España en derechos sociales, especialmente en vivienda asequible. El relator Calsa, español y experto en políticas urbanas, ha usado su cargo para visibilizar casos como el de Maricarmen, que podría servir como precedente para reclamaciones internacionales.
