La anciana de 87 años, expulsada de su piso de renta antigua en Madrid, se convierte en símbolo de la división interna tras medio año de tensiones
Maricarmen, una mujer de 87 años, fue desahuciada este miércoles de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, adquirida por el fondo Urba gestión Desarrollo e Inversión S.L., que rechazó negociar incluso una oferta de alquiler social. El caso, que ha movilizado a vecinos y colectivos, ha reavivado el conflicto interno entre PSOE y Sumar en el Gobierno de coalición, medio año después de su formación.
La anciana, que ocupaba un piso de renta antigua —un régimen de protección alquiler regulado—, vio cómo su hogar era adquirido por un fondo de inversión inmobiliaria. Según testigos, el fondo no aceptó ninguna propuesta de solución, incluyendo una oferta concreta de una escritora conocida que se ofreció a asumir el alquiler de la vivienda. La expulsión se produjo tras un proceso judicial que, según fuentes vecinales, no contempló alternativas para evitar el desahucio.
El caso ha escalado rápidamente en el debate político. Sumar ha acusado al Gobierno de no actuar con urgencia, mientras que el PSOE ha señalado que se trata de un problema estructural que requiere una solución legislativa a medio plazo. La tensión entre ambas formaciones se centra en cómo abordar la crisis de vivienda: mientras Sumar exige medidas inmediatas, como la expropiación de viviendas vacías o la ampliación de ayudas al alquiler, el PSOE prioriza negociaciones con el sector inmobiliario y reformas en el mercado.
El conflicto recuerda al registrado en enero de 2026, cuando el Gobierno tuvo que frenar una propuesta de ley de vivienda por falta de consenso interno. En aquella ocasión, Sumar denunció que el PSOE diluía las medidas más contundentes, mientras el partido socialista acusaba a sus socios de radicalizar el debate. Ahora, el desahucio de Maricarmen ha vuelto a poner sobre la mesa la misma división: ¿respuestas rápidas y simbólicas o reformas profundas que tardarán meses en aplicarse?
El precedente de la renta antigua y la presión vecinal
El piso de Maricarmen estaba protegido por el régimen de renta antigua, un sistema de alquiler regulado que data de los años 60 y que afecta a unos 200.000 contratos en España. Este régimen, diseñado para proteger a inquilinos vulnerables, ha sido objeto de ataques recurrentes por parte del sector inmobiliario, que lo considera un obstáculo para la liberalización del mercado. En los últimos años, fondos de inversión han adquirido viviendas con este tipo de contratos para revalorizarlas o convertirlas en alquileres libres, lo que ha disparado los desahucios en zonas céntricas como Madrid o Barcelona.
El caso de Maricarmen no es aislado. En 2025, la plataforma Stop Desahucios registró un aumento del 15% en desahucios de mayores de 70 años en Madrid, muchos de ellos vinculados a fondos inmobiliarios. La presión vecinal ha sido clave en estos casos: en el distrito de Retiro, donde vive la anciana, se han organizado concentraciones y se ha presentado una queja formal ante el Ayuntamiento por la falta de alternativas habitacionales para personas en su situación.
¿Qué se juega cada formación en el Gobierno?
Para Sumar, el caso de Maricarmen es una oportunidad para presionar al PSOE y forzar medidas urgentes. La formación, que en las últimas encuestas lidera el debate sobre vivienda entre los votantes jóvenes, podría usar el conflicto para ganar apoyo en las próximas elecciones autonómicas de 2027. Su propuesta estrella incluye la expropiación de viviendas vacías —alrededor de 3,2 millones en España, según datos del Ministerio de Transportes— y la creación de un fondo público de alquiler social.
El PSOE, en cambio, enfrenta el riesgo de ser percibido como un aliado del sector inmobiliario. El partido ha intentado mediar con fondos como Urba gestión, ofreciendo incentivos fiscales a cambio de que mantengan contratos de alquiler asequible. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por colectivos como la Asociación de Vecinos de Retiro, que denuncian que las negociaciones se alargan sin resultados concretos. Además, el PSOE debe equilibrar su postura con el PP, que en los últimos meses ha endurecido su discurso contra las ayudas públicas a la vivienda, acusando al Gobierno de «socializar las pérdidas» del mercado.
El plazo para una solución es corto: el Gobierno debe presentar antes de final de año un plan de vivienda que evite nuevos conflictos internos. Si no logra un acuerdo, el caso de Maricarmen podría convertirse en un símbolo de la incapacidad del Ejecutivo para abordar una de las crisis sociales más urgentes.
