La anciana, que llevaba 70 años en su vivienda, es desalojada por cuarta vez tras rechazarse sus peticiones humanitarias; el Ayuntamiento ofrece alternativas mientras Sumar acusa al Gobierno de pasividad
Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 años viviendo en la misma casa del barrio madrileño de Retiro, fue desalojada este miércoles por una comisión judicial en el cuarto intento, pese a que su defensa había solicitado suspender el lanzamiento por motivos humanitarios. La Policía Nacional intervino para retirar a los activistas que se concentraron frente al inmueble y permitir el acceso de los agentes.
La abogada de Maricarmen aseguró que la propiedad rechazó tanto un plazo de 15 días a un mes para que pudiera abandonar la vivienda como otras propuestas humanitarias. Tras el desahucio, Sumar ha pedido al PSOE que lleve al próximo Consejo de Ministros la expropiación de la vivienda, una medida que la formación ha trasladado por escrito al Gobierno. Según Sumar, el Ejecutivo no puede permitir que el interés especulativo de un «fondo buitre» prevalezca sobre el derecho a la vivienda, y considera que la expropiación enviaría un mensaje claro a otros actores económicos.
El PSOE, por su parte, culpa al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid por sus competencias en materia de vivienda. Su portavoz, Patxi López, reconoció que se intentó comprar la vivienda, pero el propietario no aceptó venderla. Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió que el Consistorio ofreció alternativas a la anciana, como teleasistencia, ayuda a domicilio y terapia ocupacional, además de coordinarse con Samur-Protección Civil y Samur Social.
El caso ha reabierto el debate sobre el papel de las administraciones públicas en el mercado inmobiliario. Mientras Sumar apuesta por la expropiación, el Gobierno socialista se limita a señalar a las competencias autonómicas y locales, sin asumir una postura clara sobre medidas adicionales. La formación morada también reclama aprobar el decreto de vivienda que congela los alquileres, una medida pendiente que podría aliviar casos como el de Maricarmen.
El desahucio de Maricarmen no es un caso aislado: en los últimos años, más de 30.000 desahucios por impago de alquiler se han registrado en España, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin embargo, este caso ha adquirido un carácter simbólico por la edad de la afectada y la duración de su ocupación, lo que ha llevado a Sumar a exigir una respuesta contundente del Gobierno. La tensión entre las formaciones de la coalición y el PSOE refleja las diferencias internas sobre cómo abordar la crisis de vivienda, un tema clave en las próximas elecciones autonómicas y municipales.
