La Sala de lo Militar rechaza imputar al teniente general Luis del Castillo por abuso de autoridad y tacha de «impertinente» la llamada que originó el conflicto
El Tribunal Supremo ha desestimado este martes el recurso del general de división Fernando Javier Mora contra su superior, el teniente general Luis del Castillo, jefe de Mando de Operaciones de la Guardia Civil. El Alto Tribunal archiva la denuncia por delitos de abuso de autoridad, amenazas e injurias, argumentando que la conversación que desencadenó el conflicto —una llamada se describió como inadecuada del general Mora— no justifica una imputación penal.
El Supremo considera que la conversación entre ambos, mantenida en privado y sin testigos, carece de gravedad suficiente como para ser calificada como delictiva. Además, el tribunal señala que el general Mora no denunció los hechos no denunció los hechos de manera inmediata, lo que debilita su credibilidad. La decisión se produce tras inadmitir a trámite la denuncia interpuesta en julio de 2026, a la que se sumó el Ministerio Fiscal.
El conflicto surgió cuando el teniente general del Castillo ordenó al general Mora no asistir a los actos institucionales del 2 de mayo de 2025, una decisión que Mora interpretó como un trato degradante. Sin embargo, el Supremo matiza que la relación entre ambos —descrita como de la relación entre ambos se describía como de confianza y familiaridad— resta peso a la denuncia, al tratarse de una conversación privada iniciada por Mora con un tono se describió como impertinente e irrespetuoso.
La resolución del Supremo cierra un caso que había generado polémica en el ámbito militar, donde se cuestionaba si la orden de no asistir a actos institucionales podía considerarse un castigo encubierto. El Alto Tribunal, no obstante, descarta cualquier delito y reafirma que los hechos no superan el umbral penal, incluso en un contexto de tensiones jerárquicas.
El general Mora, en la reserva, había alegado delitos como abuso de autoridad y amenazas, pero el Supremo subraya que la falta de denuncia inmediata y el contexto de la llamada —iniciada por Mora— desvirtúan su versión. La decisión refuerza la línea jurisprudencial que exige pruebas contundentes para imputar delitos en el ámbito militar, especialmente cuando se trata de conflictos internos no documentados.
