Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy presionan al Gobierno para incluir la medida en el decreto ley de vivienda tras movilizaciones por desahucio
Sumar ha elevado la presión sobre el Gobierno para que el Consejo de Ministros apruebe este martes el decreto ley de vivienda con dos medidas clave: la expropiación del piso de Maricarmen, una anciana madrileña de 87 años en riesgo de desahucio, y el congelamiento de alquileres. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han exigido su aprobación «sí o sí» en mensajes públicos tras las protestas de este miércoles en varias ciudades.
El decreto, negociado desde hace meses, responde a la crisis de vivienda y a casos como el de Maricarmen, cuya situación se ha convertido en símbolo de la emergencia social. Las movilizaciones de este miércoles, convocadas por colectivos vecinales y sindicatos, coincidieron con la fecha límite para evitar su desahucio, lo que ha acelerado las demandas de Sumar para que la expropiación se incluya en la norma antes de su tramitación parlamentaria.
El decreto ley, una herramienta de urgencia que evita el trámite de aprobación en el Congreso, permitiría al Gobierno actuar sin esperar a los plazos habituales. Sin embargo, su contenido final aún no está cerrado: fuentes del Ejecutivo consultadas por El Periódico señalan que la expropiación de Maricarmen podría aprobarse por separado como medida puntual, mientras que el congelamiento de alquileres —una de las reivindicaciones históricas de Sumar— sigue en negociación con el PSOE. La tensión interna en la coalición se agudiza: mientras Sumar reclama celeridad, el PSOE podría buscar un equilibrio para evitar fracturas con el sector inmobiliario.
El caso de Maricarmen, una vecina de Madrid con 87 años y sin recursos para pagar el alquiler de su vivienda, ha movilizado a la opinión pública y ha puesto el foco en la falta de políticas públicas efectivas. Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, más de 120.000 familias están en riesgo de desahucio en España, una cifra que se ha disparado desde 2020. El decreto ley, si se aprueba en los términos exigidos por Sumar, sería el primer paso para aplicar medidas como la limitación de precios en zonas pensionadas y la ampliación del parque público de alquiler social.
La presión de Sumar no es solo simbólica: el partido minoritario del Gobierno tiene capacidad de veto en temas clave, como la aprobación de presupuestos o reformas sociales. Su exigencia de incluir la expropiación de Maricarmen en el decreto ley refleja una estrategia para forzar al PSOE a priorizar las demandas de su base electoral, especialmente en un contexto de precampaña electoral donde la vivienda es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos, según las últimas encuestas.
La formación reclama medidas urgentes tras el desahucio de la mujer de 87 años en Madrid, mientras el PSOE y la Comunidad de Madrid se cruzan acusaciones
Sumar ha exigido al Gobierno que incluya en el próximo Consejo de Ministros —previsto para este martes— la expropiación del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada ayer en el barrio madrileño de Retiro, además de la aprobación del Real Decreto-ley de vivienda. La formación, liderada por Yolanda Díaz, considera que el Ejecutivo no puede permitir que un «fondo buitre» prevalezca sobre el derecho a la vivienda.
El desahucio de Maricarmen, que llevaba 70 años en el mismo piso pagando 500 euros al mes con un contrato de renta antigua, ha escalado la presión política. Fuentes de Sumar señalan que, tras la negativa del fondo propietario a negociar, la expropiación sería «un mensaje claro» a otros actores económicos sobre la determinación del Gobierno en defender el acceso a la vivienda.
El decreto de vivienda que Sumar exige aprobar este martes incluye medidas concretas: congelación y prórroga de alquileres, regulación de pisos turísticos y viviendas de temporada, y protección específica contra «fondos buitre». La formación apela al PSOE y a otras fuerzas parlamentarias para que «estén a la altura» de la situación, según declaraciones de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El conflicto trasciende lo social: la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acusó ayer al fondo propietario de burlarse de las administraciones y la ciudadanía, en alusión directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien vinculó con una supuesta protección a estos fondos. Ayuso, por su parte, no ha respondido públicamente a estas declaraciones, pero el episodio refuerza la polarización en un tema clave para las próximas elecciones.
El caso de Maricarmen no es aislado: en los últimos meses, fondos de inversión han adquirido viviendas en zonas céntricas para convertirlas en alquileres turísticos o desahuciar a inquilinos con contratos antiguos. Según datos del Ministerio de Vivienda, el 30% de los desahucios en Madrid en 2026 están vinculados a estos fondos, un fenómeno que el Gobierno ha intentado frenar con medidas como la limitación de alquileres turísticos en zonas pensionadas.
La aprobación del decreto este martes será clave: si se aprueba, entraría en vigor en 15 días y permitiría expropiar viviendas vacías o en manos de fondos especulativos para destinarlas a vivienda social. Sumar insiste en que el PSOE no puede retroceder en este compromiso, especialmente tras el desahucio de Maricarmen, que ha movilizado a colectivos vecinales y partidos de izquierda en Madrid.
