Javier Cortés exige consulta ciudadana para un edificio de 10 plantas y 30 metros de minarete, ya recurrido por su partido
Javier Cortés, portavoz de Vox en Andalucía, ha advertido este jueves de que su partido no volverá a pactar con el alcalde de Sevilla José Luis Sanz (PP) si se construye la mezquita del Polígono Sur. Cortés, en declaraciones a Canal Sur Televisión, considera «muy difícil» confiar con Sanz si el proyecto —un edificio de diez plantas con un minarete de más de 30 metros— «islamiza un barrio entero» y afecta a zonas cercanas. El portavoz exige una consulta ciudadana, permitida por el Plan General de Ordenación Urbana (PLOU) para edificios singulares, y ha presentado un recurso de alzada contra la licencia.
El proyecto, que Vox califica de «inaceptable», enfrenta al PP con vecinos y partidos como Vox, que denuncian falta de participación. Sanz, criticado por priorizar la feria sobre temas como este, no ha respondido aún a las acusaciones de «rebujito» —apodo por su cercanía a la derecha tradicional—. El recurso de Vox obliga ahora a la Gerencia de Urbanismo a decidir si paraliza la licencia, un paso clave para evitar la construcción.
El Polígono Sur, uno de los barrios más conflictivos de Sevilla, ya es escenario de tensiones por su diversidad cultural. La mezquita, con capacidad para miles de fieles, podría consolidar su perfil religioso, algo que Vox vincula a un «proceso de islamización» que, según Cortés, «no tiene cabida en una ciudad como Sevilla». El debate trasciende lo urbanístico: afecta a la convivencia y a la relación entre el PP y Vox, clave en la gobernabilidad andaluza.
La ley andaluza permite consultas vecinales para proyectos singulares, pero Sanz no ha convocado ninguna. Vox apela a este mecanismo para frenar el proyecto, mientras el PP defiende que cumple todos los trámites. El recurso de alzada alarga el plazo: la Gerencia de Urbanismo deberá pronunciarse antes de que el proyecto avance, pero sin fecha concreta.
El caso refleja la polarización en temas como la inmigración y la identidad cultural en Andalucía. Mientras Vox y vecinos exigen participación, el PP prioriza la legalidad formal. La decisión de la Gerencia podría marcar un precedente para otros proyectos en zonas sensibles, donde la consulta ciudadana se ha convertido en un campo de batalla política.
