Rocío Díaz vincula el caso de Maricarmen a fallos en la ley de vivienda estatal y exige medidas urgentes
La Junta de Andalucía ha acusado indirectamente al Gobierno central de ser responsable del desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años que fue expulsada ayer de su vivienda en Madrid tras 71 años residiendo allí. La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado que el caso refleja un fallo en la protección estatal, aunque no ha citado directamente al Ejecutivo.
Maricarmen, que vivía en un piso de alquiler social, perdió su hogar por impago de la renta, un escenario que la Junta atribuye a la falta de ayudas públicas suficientes. Según datos oficiales, Andalucía registró 12.300 desahucios en 2025, un 18% más que el año anterior, lo que sitúa a la comunidad como la segunda con mayor número de casos tras Cataluña.
El caso ha reavivado el debate sobre la Ley de Vivienda estatal, aprobada en 2023 pero criticada por su falta de recursos para evitar desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Díaz ha recordado que la Junta ya solicitó en mayo una reforma urgente, sin respuesta del Ministerio de Vivienda. El Gobierno, por su parte, ha evitado pronunciarse públicamente.
El desahucio de Maricarmen se produce en un contexto de creciente tensión política por la gestión de la vivienda en España, con el PSOE y el PP enfrentados en las Cortes sobre la eficacia de las políticas sociales. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha exigido que el caso se convierta en un ‘símbolo’ para presionar al Gobierno.
La declaración oficial de la Junta se realizó a las 11:00h del 24 de septiembre de 2026, en la sede del Departamento de Vivienda, donde la consejera Rocío Díaz explicó que la expulsión de la anciana se debió a la falta de recursos estatales para cubrir la deuda de alquiler acumulada durante los últimos años.
En la misma sesión, la Junta destacó que el desahucio de Maricarmen, que había vivido en el piso durante 71 años, representa un caso extremo que evidencia la insuficiencia de las ayudas públicas y la necesidad de revisar la normativa vigente para proteger a los residentes de larga permanencia.
