El Observatorio del Alquiler denuncia que los pisos de la empresa pública obligan a destinar más del 35% de los ingresos a vivienda y suministros, al superar el límite legal del 30%
Casa 47, la empresa pública del Gobierno para alquileres asequibles, incumple su propia normativa: en las 638 viviendas ya anunciadas, el alquiler mensual ya absorbe el 30% de la renta mínima exigida para acceder, sin dejar margen para suministros básicos como luz, agua o internet. Según el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, esto obliga a hogares con ingresos mínimos a destinar más del 35% de sus ingresos solo a la vivienda, superando el límite legal del 30% que define un alquiler como ‘asequible’.
El problema se repite en promociones como las de Gijón (Asturias), donde un piso con alquiler de 350 euros exige una renta mínima de 1.167 euros mensuales (30% exacto del alquiler). Al sumar los 123 euros medios de suministros, el esfuerzo sube al 39,7% en algunos casos. La empresa pública argumenta que fija los precios según la renta media municipal, no por las condiciones individuales de los inquilinos, pero esto contradice sus propias reglas: la ley y los estatutos de Casa 47 exigen que la suma del alquiler más los gastos básicos no supere el 30% de la renta disponible.
El incumplimiento afecta especialmente a hogares con ingresos bajos. Por ejemplo, en Gijón, los solicitantes pueden ganar entre 1.167 y 2.387 euros mensuales para acceder a viviendas con alquileres de 350 a 716 euros. Sin embargo, quienes estén en el mínimo (14.000 euros anuales) verán cómo el alquiler ya les deja sin margen para otros gastos. En cambio, para ingresos altos (hasta 4.773 euros mensuales), el alquiler representa solo el 15% de la renta, cumpliendo holgadamente el criterio.
El Gobierno justifica la medida con datos de mercado, pero expertos advierten de que el umbral del 30% es clave para evitar la exclusión residencial. La ley de vivienda y los estatutos de Casa 47 son claros: un alquiler asequible debe dejar espacio para cubrir necesidades básicas. Que la empresa pública no lo cumpla en sus propias promociones —y que lo haga de forma sistemática— plantea dudas sobre su capacidad para cumplir su objetivo central: que ningún ciudadano destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda.
