Bustinduy y Urtasun acusan a PP, Vox y Junts de bloquear moratoria antidesahucios; Podemos denuncia violencia policial en protesta
El Gobierno de coalición lleva dos meses retrasando el decreto de vivienda, pero el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años en Madrid, ha acelerado las presiones de Sumar para que el Consejo de Ministros lo apruebe el próximo martes. Los ministros Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Ernest Urtasun (Cultura) han tachado de «vergüenza» e «indecencia» el caso y acusan al PP, Vox y Junts de haber tumbado en 2022 la prórroga de la moratoria antidesahucioss para familias vulnerables.
Maricarmen fue desahuciada pese a que el propietario de su vivienda rechazó alternativas para que pudiera seguir residiendo allí. Sumar propone expropiar el piso y recuperar la moratoria en el decreto, que también incluye medidas antidesahucio. El PSOE, que lidera el Ministerio de Vivienda, lleva meses retrasando su aprobación.
Bustinduy denunció que la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, «pone la alfombra roja a los especuladores», en referencia a la inauguración reciente de un salón inmobiliario. Urtasun exigió que el decreto se apruebe «ya» y advirtió que, si las derechas vuelven a bloquearlo, «España entera verá lo que hacen con sus hechos».
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, criticó la «violencia brutal» de la policía contra activistas que protestaban por el desahucio, al que calificó de «ilegal». Recordó que el Gobierno prometió en 2023 medidas contra la vulnerabilidad habitacional, pero hasta ahora no ha actuado.
El decreto, pactado en la coalición, incluye cláusulas para evitar casos como el de Maricarmen. Sumar negocia apoyos parlamentarios para garantizar su aprobación, aunque advierte que, si no prospera, podrían impulsar prórrogas mensuales de la moratoria por vía legislativa.
El decreto, que el Gobierno había prometido aprobar en julio, contempla la extensión de la moratoria antidesahucios y la creación de un fondo de garantía para familias vulnerables, medidas que aún no se han materializado.
Sumar ha solicitado al PSOE que estudie la posibilidad de expropiar el piso de Maricarmen para garantizar su permanencia, una propuesta que el partido de la vivienda ha rechazado hasta la fecha.
