El exministro del Interior alerta de que la crisis de soberanía refleja una España dividida y sin cohesión institucional
Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS y exministro del Interior, ha relacionado los sucesos en Ceuta y Melilla con un «proyecto de ruptura nacional» que debilita a España desde dentro. En un análisis publicado en *El Debate*, advierte que la crisis de soberanía en las ciudades autónomas no es un episodio aislado, sino la consecuencia de un «proceso político» que cuestiona los fundamentos del Estado desde 1978.
Mayor Oreja señala que la imagen de «debilidad» proyectada por España —con un Gobierno dividido y instituciones erosionadas— ha sido aprovechada por actores externos, como Marruecos, para presionar en las fronteras. Según su diagnóstico, la falta de un «proyecto compartido» y la «erosión de las convicciones nacionales» explican por qué Ceuta y Melilla se han convertido en «espacios de vulnerabilidad política».
El exministro cita tres escenarios concretos para ilustrar este diagnóstico: el avance de ETA en el País Vasco y Navarra, la inestabilidad en Cataluña y la presión marroquí sobre las ciudades autónomas. Todos, según su análisis, son síntomas de un mismo fenómeno: el debilitamiento de la idea de España como nación. Mayor Oreja critica que el Gobierno de Pedro Sánchez —heredero, en su opinión, de la «herencia de Rodríguez Zapatero»— no ha logrado frenar este proceso.
Para el exministro, la solución no pasa por medidas coyunturales —como la gestión operativa de la crisis—, sino por una «alternativa política» capaz de reconstruir la cohesión institucional y transmitir «fortaleza» dentro y fuera de las fronteras. Alertó, además, de que el Partido Popular, Vox y UPN, pese a compartir este diagnóstico, actúan «divididos» ante un desafío que considera de «magnitud histórica».
Mayor Oreja concluye que lo que está en juego en Ceuta y Melilla no es solo la estabilidad de un Gobierno, sino la «fortaleza de España como nación» y la defensa de su soberanía. Su análisis subraya que ignorar la advertencia de las ciudades autónomas sería, en su opinión, «el mayor de los errores».
