El think tank aboga por eliminar derechos automáticos de residencia y trabajo para evitar el «efecto llamada» y reducir fraudes de edad, con solo 41 repatriaciones en una década
El think tank NEOS ha propuesto transferir al Estado la competencia exclusiva sobre los menores extranjeros no acompañados (MENAS) que llegan a España, actualmente tutelados por las comunidades autónomas, para unificar su gestión desde el ingreso hasta la repatriación. La medida, incluida en un informe presentado en 2025 y actualizado en junio de 2026, busca frenar el «efecto llamada» y los fraudes de edad, que han convertido la llegada irregular en una vía de acceso privilegiada a la residencia y el empleo.
Según datos de la Fiscalía citados en el documento, solo 41 de los 15.000 menores tutelados en la última década fueron repatriados, mientras que UNICEF registró más de 7.600 fugas de centros de acogida entre 2017 y 2023. NEOS denuncia que el sistema actual, que otorga derechos automáticos de residencia y trabajo, genera un gasto de 50.000 euros anuales por menor y perpetúa un círculo vicioso: muchos menores permanecen en España en lugar de continuar hacia otros países europeos, y priorizan comunidades con mayores ayudas al alcanzar la mayoría de edad.
La propuesta incluye crear una agencia estatal que coordine con las autonomías y entidades de protección, eliminando incentivos como la residencia automática. El Tribunal Supremo ya reconoció en 2025 la competencia estatal sobre MENAS que solicitan asilo, avalando medidas cautelares en un recurso contencioso-administrativo. NEOS también exige identificar fraudes de edad, donde adultos se hacen pasar por menores para acceder a beneficios, y priorizar el retorno familiar o la protección en origen, en lugar de la tutela indefinida.
El conflicto entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, que solicitó sin éxito la repatriación de 134 menores conflictivos, ilustra las dificultades del sistema actual. NEOS argumenta que el inmovilismo perpetúa una situación observada por «cientos de miles de personas» en países vecinos, y que la protección del menor debe incluir su derecho a la familia y al entorno de origen, no solo a la acogida en España.
El informe, enviado a los partidos políticos en junio de 2026, plantea reformas estructurales para sustituir el enfoque actual, calificado de «nefasto» por generar costes sociales y económicos. Entre los afectados directos figuran las comunidades autónomas, que perderían autonomía en la gestión, y los propios menores, cuyo estatus legal y acceso a ayudas cambiaría radicalmente bajo el nuevo modelo.
Fuente: El Debate
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