El líder del PP alerta de una crisis insostenible y pide expulsiones masivas, mientras el expresidente del Gobierno acusa al Ejecutivo de ‘cobardía’ y ‘traición’ por ceder a Marruecos
Alberto Núñez Feijóo ha calificado este viernes la situación en Ceuta como un ‘polvorín’ a punto de estallar, tras 50 días sin que el Gobierno lograra restablecer el orden público en la ciudad autónoma. Durante su visita a Melilla, el presidente del Partido Popular ha insistido en que la llegada masiva de migrantes no responde a un flujo migratorio convencional, sino a una ‘invasión’ con enfrentamientos directos contra las Fuerzas de seguridad del Estado. ‘Estos no vienen a buscar trabajo, vienen a enfrentarse contra el orden público’, ha afirmado, exigiendo la expulsión inmediata de todos los recién llegados, en línea con el acuerdo aprobado por el Parlamento Europeo y la disposición de Marruecos para colaborar.
Feijóo ha subrayado que la única solución viable es el retorno forzoso de los migrantes, una medida que, según su criterio, el Gobierno actual no ha sido capaz de implementar. ‘No se puede hacer peor’, ha sentenciado, advirtiendo de que la situación es ‘insostenible’ y que la ciudad está al borde de un colapso. Sus declaraciones llegan en un momento en que Vox ha intensificado sus críticas al Ejecutivo, pidiendo incluso la apertura de un juicio por presunto delito de traición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por su parte, José María Aznar, expresidente del Gobierno entre 1996 y 2004, ha ido más allá en sus acusaciones durante su intervención en Espejo Público. Aznar ha afirmado que España está ‘cediendo a los intereses del Estado responsable’, es decir, Marruecos, y que esta política tiene como objetivo ‘que los ceutíes se marchen de Ceuta’. ‘La integridad territorial de España se ha quebrado con miles de soldados en Ceuta mirando cómo se rompía, y la reacción del Gobierno es darle la razón a los inventores, no defender al país’, ha denunciado, calificando la gestión del Ejecutivo como ‘cobardía, incompetencia y traición’.
Aznar ha propuesto ‘militarizar’ Ceuta, desplegando al Ejército para garantizar el control de la frontera. ‘Los militares tienen obligación constitucional de defender el país y el Gobierno tiene la obligación de garantizar nuestras fronteras’, ha insistido, recordando que la Constitución obliga a ambos poderes a actuar. El expresidente ha vinculado directamente la crisis con una estrategia política del Gobierno para ‘cronificar’ el conflicto y así ‘hacer crecer a la extrema derecha’, según su análisis.
El marco legal y las competencias en juego: ¿qué dice la Constitución sobre fronteras y seguridad?
La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 149.1.30 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre ‘las relaciones internacionales’. Sin embargo, en materia de seguridad pública y fronteras, la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas es más compleja. Según el artículo 148.1.16, las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de policía local, pero la seguridad en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas es competencia exclusiva del Estado, conforme al artículo 149.1.29. Esto significa que, aunque Ceuta y Melilla son ciudades autónomas con cierto grado de autogobierno, la gestión de las fronteras y la seguridad en sus límites depende directamente del Gobierno central.
En el caso concreto de Ceuta y Melilla, la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo regula su régimen especial, reconociendo su carácter de ‘plazas de soberanía’. Esta normativa refuerza la competencia estatal en materia de seguridad y defensa, pero también obliga al Gobierno a garantizar el orden público en estas ciudades. La crisis actual ha puesto de manifiesto las tensiones entre las competencias estatales y autonómicas, especialmente en lo relativo a la gestión de flujos migratorios y la coordinación con Marruecos, país con el que España comparte frontera en estas ciudades.
¿Qué dice el Parlamento Europeo y Marruecos sobre las expulsiones?
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 17 de septiembre un acuerdo no vinculante que insta a los Estados miembros a ‘facilitar el retorno voluntario’ de los migrantes irregulares en Ceuta y Melilla, pero también abre la puerta a medidas más contundentes, como la expulsión forzosa, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales. Este texto, aunque no es jurídicamente obligatorio, refleja un cambio de tono en Bruselas, que hasta ahora había sido más cautelosa en sus críticas a España por la gestión de la crisis.
Por su parte, el Gobierno marroquí ha manifestado en varias ocasiones su disposición a colaborar en el retorno de los migrantes que hayan entrado ilegalmente en territorio español a través de sus fronteras. Sin embargo, la efectividad de estas declaraciones depende de la voluntad política de ambos países para implementar acuerdos concretos. Hasta ahora, las expulsiones masivas no se han producido, en parte por la falta de consenso interno en España y por las reticencias de organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre posibles violaciones de los derechos de los migrantes durante los procesos de devolución.
¿Qué se juega cada actor político en esta crisis?
Para el PP, la crisis de Ceuta es una oportunidad para erosionar la imagen del Gobierno de Pedro Sánchez y presentar al partido como la única alternativa capaz de garantizar la seguridad y el orden público. Feijóo ha utilizado declaraciones contundentes para posicionarse como líder de la oposición y reforzar su discurso de ‘ley y orden’, un mensaje que conecta con una parte significativa del electorado preocupado por la inmigración irregular. Además, el PP busca capitalizar el descontento en las bases de Vox, que ha ganado visibilidad en el debate público gracias a su exigencia de juzgar al presidente del Gobierno por presunto delito de traición.
Para Vox, la crisis es una herramienta para presionar al Gobierno y al PP, exigiendo medidas más duras contra la inmigración y una mayor implicación de la UE en la gestión de las fronteras. El partido ultraderechista ha intensificado sus críticas, acusando al Ejecutivo de ‘debilidad’ y de ‘traicionar los intereses de España’. Su objetivo es consolidarse como la tercera fuerza política en el panorama nacional, aprovechando el malestar social por la gestión de la crisis migratoria.
El Gobierno, por su parte, se enfrenta a un dilema: por un lado, debe garantizar la seguridad en Ceuta y Melilla sin violar los derechos humanos; por otro, evita adoptar medidas que puedan ser interpretadas como un ‘cierre de fronteras’ y generar tensiones con Marruecos o la UE. Sánchez ha intentado mediar, pero sus declaraciones han sido percibidas como ambiguas, lo que ha permitido a la oposición acusarle de falta de decisión. La presión de Bruselas y la posible revisión de la política migratoria con Marruecos añaden una capa de complejidad adicional, ya que cualquier paso en falso podría tener consecuencias diplomáticas y económicas.
Finalmente, para José María Aznar, la crisis es una oportunidad para recuperar relevancia en el debate político, posicionándose como un crítico contundente del Gobierno actual. Sus declaraciones, aunque no tienen un peso institucional directo, refuerzan el discurso de la derecha más dura y pueden influir en la opinión pública, especialmente entre los votantes conservadores que ven en él a un líder histórico del PP. Además, su llamado a militarizar Ceuta y su acusación de ‘traición’ al Gobierno buscan movilizar a su base electoral y marcar distancias con la línea actual del partido.
¿Qué pasa ahora? El calendario de los próximos pasos
En las próximas 48 horas, el Gobierno debe decidir si activa protocolos de expulsión masiva en colaboración con Marruecos, como exige el PP. Sin embargo, esta medida choca con las reticencias de la UE y de organizaciones de derechos humanos, que podrían presentar recursos legales para frenar las devoluciones forzosas. Además, el Parlamento Europeo podría aprobar en los próximos días una resolución más contundente que obligue a España a adoptar medidas concretas, aunque su carácter no vinculante limita su impacto real.
Por otro lado, el Tribunal Supremo podría recibir en las próximas semanas demandas de Vox y otros grupos parlamentarios para investigar si el Gobierno ha incumplido sus obligaciones constitucionales en materia de seguridad fronteriza. Si se abre una investigación, el caso podría alargarse meses, generando más incertidumbre política.
En el plano internacional, España mantendrá reuniones con la UE y Marruecos para buscar una solución conjunta, aunque los plazos son inciertos. La presión sobre el Gobierno será máxima en los próximos días, especialmente si la situación en Ceuta empeora, como advierten Feijóo y Aznar.
