El Gobierno tramita un real decreto para endurecer requisitos en universidades públicas y privadas, con el objetivo de combatir la precarización y garantizar calidad en titulaciones sanitarias
Pedro Sánchez ha anunciado este viernes un real decreto que obligará a las universidades españolas a contar con al menos un 50% de profesores doctores y un 40% de plantilla en contrato estable, mientras limita la enseñanza online en titulaciones como las sanitarias. La medida, presentada durante una visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (iCat) de Madrid junto a la ministra Diana Morant, busca frenar la expansión de centros con «calidad cuestionable» y la precarización docente.
El presidente del Gobierno ha vinculado la iniciativa a un crecimiento desproporcionado de la demanda en universidades privadas —un 128% en la última década frente al 3% de la pública— y a la «infrafinanciación» de las instituciones públicas por decisiones autonómicas. En Madrid, por ejemplo, 14 de las 20 universidades son privadas, mientras que en Castilla y León hay cinco centros privados frente a cuatro públicos.
La nueva normativa, que se tramitará con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), exigirá además presencialidad obligatoria en áreas como la sanitaria, donde el Gobierno detecta un «abuso» de la modalidad online para ampliar matrículas sin garantizar estándares. Sánchez ha advertido de que «una universidad no puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos», en referencia a centros que, según su diagnóstico, priorizan el beneficio económico sobre la calidad académica.
El Ejecutivo ya endureció en 2025 los requisitos para crear nuevas universidades, pero ahora apuesta por regular también las existentes. Morant, por su parte, ha defendido la «empatía» que genera el contacto presencial en la docencia, contrastando con la «aislamiento» de la enseñanza puramente virtual. «España es uno de los mejores lugares del mundo para hacer ciencia«, ha subrayado, aunque sin concretar cómo se medirá ese liderazgo tras la aprobación de las nuevas medidas.
El contexto: por qué el Gobierno actúa ahora
La iniciativa responde a un diagnóstico doble: la pérdida de cuota de mercado de la universidad pública —con notas de corte en ascenso y plazas insuficientes— y la proliferación de centros privados con modelos docentes «flexibles» que, según Sánchez, no garantizan calidad. Datos del Ministerio de Universidades revelan que, mientras la matrícula en la pública creció un 3% entre 2015 y 2025, la privada lo hizo un 128%, con un aumento especialmente acusado en titulaciones online.
El presidente ha señalado como ejemplo Madrid y Castilla y León, donde la ratio de universidades privadas supera el 70% del total. «Cuando la oferta no crece al ritmo de la demanda, suben las notas de corte y muchos estudiantes se quedan fuera», ha explicado, vinculando este fenómeno a una «coacción» que «no garantiza igualdad de oportunidades». La medida busca, pues, doble objetivo: mejorar la calidad docente y frenar la deriva hacia la privatización.
Implicaciones: ¿quién gana y quién pierde?
Las universidades públicas, especialmente las más afectadas por recortes autonómicos, podrían beneficiarse de un mayor control sobre la competencia privada. Sin embargo, el sector privado —que agrupa a centros como Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) o Universidad Europea, especializados en formación online— enfrenta restricciones directas a su modelo de negocio. La exigencia de presencialidad en titulaciones sanitarias, por ejemplo, podría encarecer costes para instituciones con infraestructuras limitadas.
Para los estudiantes, la medida plantea un dilema: por un lado, mayor garantía de calidad en la formación; por otro, posibles subidas de precios en universidades privadas que compensen los nuevos requisitos. Sánchez ha asegurado que el Gobierno estudiará «mecanismos» para evitar que la regulación derive en un «aumento injustificado» de las tasas, aunque no ha detallado qué herramientas se usarán.
La CRUE, por su parte, se enfrenta a un desafío: equilibrar las demandas del Ejecutivo con las necesidades de un sistema universitario fragmentado entre comunidades autónomas. Mientras algunas regiones, como Andalucía o Extremadura, han impulsado planes para modernizar sus universidades públicas, otras —como Madrid o Valencia— han recortado inversión en los últimos años, lo que podría agravar tensiones con el Gobierno central.
La tramitación del real decreto, que podría aprobarse antes de final de año, dependerá también de la respuesta de la oposición. Partido Popular (PP) y Vox ya han criticado en redes la medida como una «intervención excesiva» en la autonomía universitaria, aunque sin proponer alternativas concretas. La ministra Diana Morant, por su parte, ha insistido en que la prioridad es «recuperar la excelencia» del sistema, aunque sin descartar negociaciones con el sector privado para adaptar sus modelos a los nuevos estándares.
