Documentos internos de la Comunidad de Madrid, fechados tres meses después de la compra, revelan que el inmueble se adquirió para alojar autoridades en visita oficial, no como oficina temporal
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró un ático en el Paseo del General Martínez Campos por 6,3 millones de euros el 14 de abril de 2026 —más otros 378.000 euros en impuestos—, pero no presentó ninguna justificación administrativa antes de la operación. Todos los informes que ahora aducen para explicarla fueron redactados en julio, tres meses después de la compra, y confirman que el inmueble se adquirió como vivienda institucional para autoridades, no como oficina temporal como alegó la presidenta madrileña.
La Comunidad de Madrid pagó el ático a través de Planifica Madrid, su sociedad instrumental, y lo alquiló a sí misma el 27 de julio por 12.000 euros mensuales. Según la memoria de arrendamiento —firmada el 2 de julio—, el objetivo era contar con un inmueble residencial para alojar autoridades en visita oficial, algo que la propia administración reconoce como práctica habitual en otras comunidades autónomas. Sin embargo, la licencia del edificio prohíbe el uso de oficinas a partir de la segunda planta, y los certificados de la Abogacía del Estado y la Consejería de Hacienda ratifican que el uso cualificado es residencial.
La compra se cerró en secreto: el contrato de arras se firmó el 27 de febrero, sin informar a la Asamblea de Madrid. Además, Pedro Corbalán Ruiz, consejero delegado de Planifica Madrid, fue quien autorizó la operación con su firma en la escritura de compraventa. Tras la polémica, la Comunidad sacó el ático a subasta en agosto, pero no recibió ninguna oferta y declaró la licitación desierta.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) distingue claramente entre usos residenciales y administrativos. Los documentos internos admiten que el ático podría usarse como despacho accesorio en contextos de crisis, pero siempre dentro de su carácter residencial. La oposición ya ha pedido investigar la operación, que suma irregularidades: falta de justificación previa, retraso en la documentación y un coste de 6,7 millones pagado con fondos públicos.
