Madrid presenta alegaciones al real decreto y advierte de que las exigencias energéticas son «imposibles de cumplir» para el sector global
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar un real decreto que «prohíbe de facto» los centros de datos en España, poniendo en riesgo 26.000 millones de euros de inversión y 14.000 empleos, especialmente en Madrid. Lo ha anunciado durante la colocación de la primera piedra del nuevo centro de procesamiento de datos de Navia, líder mundial en el sector, en Alcalá de Henares.
Ayuso ha denunciado que el Ejecutivo impone «requisitos retroactivos, sin debate ni comunicación» que, según el sector, son «imposibles de cumplir». Entre las exigencias más criticadas destacan la *adicionalidad* —obligar a instalar nueva capacidad de generación energética— y la *correlación horaria*, que exige producir energía exactamente en el momento de su consumo, algo que, según la patronal SpainDC, «nadie en el mundo ha logrado».
La Comunidad de Madrid ya ha presentado alegaciones al proyecto de decreto, al que califica de «persecución regulatoria». Otras autonomías como Castilla-La Mancha han amenazado con recurrirlo judicialmente. Empresas como Templus y generadoras energéticas también han presentado objeciones, que cerraron su tramitación esta semana.
El conflicto refleja la tensión entre el objetivo del Gobierno de reducir el consumo eléctrico de los *data centers* —responsables del 3% de la demanda nacional— y la presión de un sector que representa el 10% del PIB madrileño. La presidenta ha celebrado, no obstante, que la crisis haya unido al sector tecnológico «como nunca» para defender su modelo.
