La Junta pide que se abandone la tramitación urgente y que los requisitos de eficiencia energética e hídrica se adapten al clima de cada región
La Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha registrado esta semana sus alegaciones al real decreto del Gobierno central que regula los centros de datos. En el documento, la administración andaluza sostiene que la norma compromete una inversión de más de 10.000 millones de euros en 20 proyectos de este tipo en la comunidad, según cifras que el consejero del ramo, José Antonio Nieto, ha defendido en las últimas semanas. La Junta considera que la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica perjudica a Andalucía frente a otras regiones y pide que se tramite por vía ordinaria en lugar de por urgencia.
El texto de las alegaciones subraya que Andalucía reúne condiciones favorables para albergar estas infraestructuras: un potencial elevado en generación de energías renovables y una posición geográfica de paso entre Europa y África y entre el Atlántico y el Mediterráneo, lo que le otorga un potencial geoestratégico que, según la Junta, no tienen otras regiones europeas. Ese enclave permite una alta conectividad terrestre y la posibilidad de conexión mediante cables submarinos. El obstáculo principal, admite la Consejería, es alcanzar niveles altos de eficiencia energética e hídrica en un clima cálido.
Los centros de datos se miden con el indicador PUE (Power Usage Effectiveness), que calcula cuánta energía adicional se destina a refrigerar los servidores. En zonas de clima frío, como el norte de Europa o regiones españolas más frescas, se recurre al free-cooling, es decir, enfriar con aire exterior. La Junta sostiene que la propuesta estatal exige los mismos requisitos a todas las zonas sin atender a estas diferencias climáticas, lo que a su juicio «no produce un trato igual, sino un efecto discriminatorio por razón de la ubicación, ajeno por completo al control del promotor y a la calidad de su diseño». Ese trato homogéneo, advierte, puede desviar inversiones hacia territorios climáticamente más favorables.
El pulso entre el PUE de 1,15 y el 1,36 real del sector
Una de las alegaciones se centra en la disposición transitoria cuarta del proyecto, que fija un PUE máximo de 1,15 hasta la fecha de aplicación del sistema europeo de etiquetado. La Junta señala que ese umbral «presenta un importante desalineamiento y contradicción con la realidad del sector en España, que opera con infraestructuras con un PUE real medio de 1,36». El documento añade que el coste económico de adaptarse a esa exigencia actuará como factor disuasorio para los inversores, en especial en territorios como Andalucía. La Consejería reclama que los requisitos de PUE y WUE incorporen factores de corrección climática y que los umbrales y plazos se adapten a las características de cada zona, siempre que esas zonas contribuyan a la sostenibilidad con cuotas elevadas de generación renovable.
En materia hídrica, la Junta pide que se adapte el cálculo del WUE (Water Usage Effectiveness) para el agua no potable, distinguiendo la que sí lo es para que el uso de la no potable compute de forma ponderada conforme a su menor impacto ambiental, y que se priorice el empleo de aguas terciarias. El documento sostiene que la norma «no incluye mecanismos de compensación y equilibrio entre la eficiencia energética y la hídrica según la zona climática, provocando efectos discriminatorios y perjudiciales para los territorios del sur como Andalucía». También propone flexibilizar requisitos a los promotores que asuman compromisos vinculantes de inversión en proyectos locales de transición ecológica.
La petición de frenar la vía de urgencia
La Consejería critica que la normativa española se adelante a la europea en esta materia y solicita «no establecer, de manera urgente y precipitada, condiciones para el establecimiento de centros de datos en España que se signifiquen como especialmente restrictivas dentro del ámbito de la Unión Europea». La Junta exige que se opte por la tramitación ordinaria y se abandone la vía de urgencia, con el fin de garantizar una amplia participación de las partes afectadas y de que prevalezcan las sensibilidades del sector, de las comunidades autónomas y de los agentes implicados frente a unos motivos de urgencia que, a su juicio, no quedan justificados por los acontecimientos descritos. Además, reprocha que la norma «no incluye estimación alguna del coste de adaptación para el sector ni un análisis de impacto territorial diferenciado por comunidad autónoma» y sostiene que esa ausencia refleja la falta de proporcionalidad de la norma.
El documento también reclama un análisis del impacto de la regulación tanto en los proyectos en marcha como en los previstos. La propuesta del Gobierno incluye que los centros de datos consuman nueva generación renovable, con un mínimo del 80%. La Junta advierte de que, en un momento en que Europa intenta reforzar su soberanía digital potenciando el establecimiento de centros de datos en sus fronteras, esta norma «parece lanzar el mensaje de que no son infraestructuras por las que se apueste en España». En el conjunto del país, la cifra de inversión comprometida asciende a 60.000 millones de euros, y las comunidades con mayor presencia del sector son Madrid, Aragón y Cataluña.
El conflicto enfrenta al Ejecutivo central con grandes empresas del sector, compañías eléctricas y energéticas y con comunidades autónomas como Andalucía, que se suman a las alegaciones. La tramitación del real decreto sigue abierta y la decisión sobre si se mantiene la vía de urgencia o se pasa a la ordinaria determinará el calendario y el margen de negociación de los afectados. La Junta ha registrado sus alegaciones esta semana, sin que por ahora haya una respuesta pública del Ministerio para la Transición Ecológica sobre las peticiones andaluzas.
