La defensa del exvicealcalde de Valencia alega prescripción del cohecho y el blanqueo y atribuye a los gobiernos socialistas la deuda que superó los 35 millones
El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha pedido el archivo de la causa del caso Azud en la que está investigado junto a sus hijas, y ha alegado la prescripción de los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales que se le atribuyen. Su abogado, Jesús Bonet, sostiene en un recurso de 15 folios que el auto del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia contiene «errores palmarios» y pide que se reforme antes de seguir adelante con el procedimiento.
Uno de esos errores, según la defensa, afecta a la llamada «operación colegios». Cuatro empresas promotoras, comandadas por los empresarios Mónica Montoro, Jaime Febrer y Federico Ferrando, propusieron al Ayuntamiento de Valencia asumir la deuda que el consistorio mantenía con diez congregaciones religiosas tras un cambio en el Plan General de 1988, a cambio de quedarse tres parcelas municipales. Los investigadores del caso Azud cifran en 14 millones de euros la pérdida que esa operación supuso para las arcas municipales.
El recurso responde a un párrafo del auto que sitúa la sentencia del Tribunal Supremo sobre el litigio entre las congregaciones y el Ayuntamiento en 1999, «gobernando el Ayuntamiento de Valencia del Partido Socialista». La defensa de Grau rechaza esa afirmación y recuerda que el PSOE perdió la alcaldía en las elecciones del 26 de mayo de 1991, que ganaron el Partido Popular y Unión Valenciana por un solo voto. Fue el primer año de alcaldía de Rita Barberá, que renovaría en cinco ocasiones más hasta 2015. El propio Grau entró como concejal en 1995, en las primeras elecciones que Barberá ganó con mayoría absoluta.
El escrito se agarra a ese supuesto gobierno socialista en 1999 para sostener que el consistorio se había opuesto durante todo ese periodo a ejecutar las sentencias, con lo que los intereses seguían devengándose y la deuda crecía hasta superar los 35 millones. «Esa situación insostenible había que cortarla puesto que suponía una sangría sin freno a las arcas municipales», plantea el recurso, que añade que Grau recibió instrucciones de la alcaldesa de acabar con esa situación pagando la deuda contraída cuando tuvo competencias en el asunto, a partir de 2006.
La defensa subraya que la deuda con los colegios era del dominio público y que ninguno de los responsables de la Hacienda municipal entre 1999 y 2006 había hecho nada por acabar con ella. El litigio entre las congregaciones religiosas y el Ayuntamiento se prolongó desde 1988 hasta 1993, con sentencia del TSJCV, y hasta 1999, con sentencia del Supremo.
Sigue la cobertura: El PSOE cobró un ‘peaje’ de 484.480 euros para su campaña de 2007
