El abogado, acusación particular en el caso, cuestiona la imparcialidad de Nuria Ruiz Tobarra y su marido, magistrado, tras el archivo de las denuncias contra la instructora
Rubén Gisbert, letrado que ejerce como acusación particular en el juicio por la dana de octubre de 2024, ha acusado a la jueza instructora del caso, Nuria Ruiz Tobarra, y a su marido —también magistrado— de prevaricación y corrupción en un vídeo publicado hoy. Gisbert, que ha titulado su grabación como *’El CGPJ: la última defensa y encubrimiento de los criminales de la dana y sus cómplices’*, cuestiona la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar las denuncias presentadas por la exconsellera valenciana Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
El abogado asegura que el CGPJ ha exonerado a la jueza de cualquier irregularidad, a pesar de que su marido, el magistrado Jorge Martínez Ribera, participó en declaraciones a víctimas y testigos durante la instrucción. *’Hay una dirección política. Hasta el punto de que el propio marido de la jueza ha sustituido a su esposa en diligencias clave’*, ha denunciado Gisbert, quien considera que esto invalida el proceso judicial. Según su versión, el CGPJ actúa como complice de un relato oficial que oculta la supuesta injerencia política del PP y el PSOE en la gestión de la tragedia.
El conflicto surgió cuando el CGPJ desestimó las quejas de Pradas y Argüeso, que alegaban la intervención no oficial de Martínez Ribera en las declaraciones a familiares de las víctimas. El órgano judicial argumentó que las grabaciones aportadas por las defensas no cumplían los requisitos legales de solidez, al haber sido obtenidas de forma subrepticia y sin autorización. Sin embargo, los letrados de Pradas han calificado la decisión de prematura y exigen tomar declaración a las víctimas que afirman haber sido interrogadas por el marido de la jueza.
La dana del 29 de octubre de 2024 dejó 12 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana y más de 1.000 afectados. El caso, que ya ha generado tres condenas en ocho meses, se enmarca en un contexto de tensiones políticas por la gestión de emergencias y la supuesta parcialidad judicial. Mientras, Gisbert ha dirigido críticas también a Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales dana 29-O, acusándola de instrumentalizar el dolor de las familias para fines políticos vinculados al PSOE.
El CGPJ, por su parte, se ha limitado a ratificar su resolución, respaldada por el informe del promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde. Las defensas de Pradas han anunciado que agotarán todas las vías de recurso para garantizar el derecho a un juez predeterminado por la ley y la tutela judicial efectiva, dos principios constitucionales que, según Gisbert, han sido vulnerados en este proceso.
