La ministra Rodríguez acusa a la presidenta madrileña de ‘alfombra roja’ a especuladores tras desahucio respaldado por ONU y mediación fallida del Gobierno
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha acusado este miércoles a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida de proteger a fondos buitre tras el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años que llevaba 71 años en su vivienda con alquiler de renta antigua. La ministra denunció que la visita de ambos a The District, salón inmobiliario, fue una ‘alfombra roja’ para especuladores, mientras el Gobierno intentaba evitar el desalojo.
Rodríguez detalló que el Ejecutivo apoyó el caso de Maricarmen con mediación y respaldo institucional, incluso apelando a una resolución de Naciones Unidas que pedía suspender el desahucio. Sin embargo, la empresa propietaria —adquirida por fondos buitre— ignoró estas gestiones. ‘Cuando nosotros intentamos comprar la vivienda o compensar las rentas, hay quien trabaja en dirección contraria’, explicó, señalando directamente a Ayuso por su postura frente al mercado inmobiliario.
La ministra recordó que el Gobierno ha presentado tres veces en el Congreso una moratoria antidesahucios para casos vulnerables, pero el PP, Vox y Junts la han bloqueado. ‘No vamos a bajar los brazos’, advirtió, pidiendo a estos partidos que respalden medidas estructurales. Mientras, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, reforzó el apoyo del Gobierno a Maricarmen: ‘Nosotros estamos con ella; ellos (PP y Vox) con los especuladores’.
El desahucio se produce en un contexto de especulación inmobiliaria y falta de regulación en Madrid, donde fondos buitre adquieren viviendas para desalojar inquilinos vulnerables. Según datos del Ministerio de Vivienda, el 60% de los desahucios en la región afectan a mayores de 65 años, grupo con mayor riesgo de exclusión residencial. La visita de Ayuso y Almeida a The District —donde se reunieron con inversores— coincidió con movilizaciones vecinales en apoyo a Maricarmen.
El caso refleja la tensión entre políticas de vivienda y presión inmobiliaria. Mientras el Gobierno apuesta por moratorias y compra pública, la Comunidad de Madrid rechaza regulaciones. La próxima votación en el Congreso sobre la moratoria antidesahucios será clave para determinar si se avanza en protección social o se prioriza el mercado.
