El atestado de la UCO vincula a Villafuel SL con fraude fiscal de 180 millones y blanqueo a través de empresas portuguesas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez Santiago Pedraz el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales que involucra a la empresa Villa fuel SL y al condenado por corrupción Víctor de Aldama. Según el atestado al que ha tenido acceso elDiario.es, los investigadores cifran en **78,3 millones de euros** los fondos transferidos desde España a empresas portuguesas a través de esta red, de los cuales **8,8 millones** llegaron directamente a tres sociedades controladas por Aldama.
El documento detalla cómo Villa fuel SL, operada por Claudio Rivas, utilizó su posición como distribuidor mayorista de productos petrolíferos para articular un sistema de fraude a Hacienda y blanqueo. La Guardia Civil describe un esquema en el que la empresa suscribió contratos con Exolum Corporación —actualmente depósito fiscal— y adquirió hidrocarburos a otros operadores, **simulando su transmisión a siete empresas interpuestas** que actuaban como pantalla entre los verdaderos intermediarios y las estaciones de servicio.
El fraude se estructuró en dos vías: por un lado, **eludir el pago de impuestos** a través de esta red de sociedades; por otro, **blanquear capitales** desviando fondos procedentes de ese delito fiscal hacia cuentas en Portugal. La investigación estima que el perjuicio para Hacienda supera los **180 millones de euros**, aunque el atestado solicita nuevas diligencias para rastrear el destino de fondos retornados a España y explorar su posible conversión en criptomonedas.
La UCO también pide al juez **órdenes europeas de investigación** a las autoridades portuguesas y comisiones rogatorias internacionales para profundizar en la trama, que conecta directamente con el caso de Aldama, condenado en 2024 por delitos de corrupción en el sector energético.
El mecanismo del fraude: cómo Villa fuel SL eludió impuestos y lavó dinero
El esquema descrito en el atestado revela un **doble circuito de evasión**: mientras una parte de los fondos se destinaba a pagar impuestos de forma fraudulenta (simulando operaciones que nunca se realizaron), otra se desviaba hacia sociedades en Portugal para ocultar su origen ilícito. La Guardia Civil destaca que las empresas interpuestas actuaban como **pantallas opacas** entre los verdaderos beneficiarios —incluyendo a Aldama— y las estaciones de servicio, lo que dificultaba el rastreo de los flujos económicos.
El uso de Portugal como destino final no es casual: el país vecino es un **paraíso fiscal europeo** con menor transparencia en la trazabilidad de capitales, según informes de la UE. Este patrón coincide con otros casos recientes de blanqueo vinculados a España, como la trama de los *papeles de Pandora*, donde sociedades en Lisboa y Madeira fueron clave para ocultar patrimonios.
¿Qué sigue ahora? El juez Pedraz y las diligencias pendientes
El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional —donde se instruye el caso Aldama—, deberá decidir en los próximos días si acepta las solicitudes de la UCO. Entre las medidas solicitadas figuran:
El **bloqueo inmediato** de las cuentas bancarias implicadas en España y Portugal.
**Órdenes europeas de investigación** para requerir datos a las autoridades portuguesas sobre las sociedades receptoras de fondos.
**Comisiones rogatorias internacionales** para analizar si parte del dinero fue convertido en criptomonedas, un recurso cada vez más usado en tramas de blanqueo.
La **trazabilidad de fondos retornados a España**, para determinar si fueron reintegrados al circuito económico legal o reinvertidos en nuevas operaciones ilícitas.
La complejidad del caso obliga a Pedraz a coordinarse con la **Fiscalía Anticorrupción** y la **Agencia Tributaria**, dado que el fraude fiscal es un delito que compete a ambos organismos. La Audiencia Nacional, por su parte, ya ha abierto diligencias previas contra Villa fuel SL y sus responsables, aunque el atestado de la UCO podría derivar en la apertura de un **nuevo procedimiento** si se confirman los indicios de blanqueo internacional.
El contexto: Aldama, Villa fuel y la red de comisionistas en el sector energético
Víctor de Aldama, condenado en 2024 a **12 años de prisión** por delitos de corrupción en el sector de los hidrocarburos, es una figura clave en la trama. Su red de comisionistas —empresas que actúan como intermediarias en la compraventa de combustibles— ha sido investigada en múltiples operaciones por su vinculación con **sobornos a cargos públicos** y **manipulación de precios**. El caso actual difiere de los anteriores en que, por primera vez, se documenta su conexión directa con una **red de blanqueo transnacional** que supera los 180 millones de euros en perjuicio fiscal.
Villa fuel SL, por su parte, opera en un sector —el de los combustibles— históricamente opaco, donde los márgenes de beneficio son altos y el control tributario, limitado. Según datos de la **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)**, el 30% de las estaciones de servicio en España dependen de operadores como Villa fuel para la distribución de productos petrolíferos, lo que facilita esquemas de evasión como el descrito. La Guardia Civil ya investiga si otras empresas del sector han replicado este modelo.
El caso también pone en evidencia las **lagunas en la lucha contra el blanqueo de capitales** en la UE. Aunque Portugal ha reforzado su marco legal en los últimos años —tras las presiones de Bruselas por los *papeles de Pandora*—, sigue siendo un destino recurrente para fondos procedentes de fraudes fiscales españoles. La **Dirección General de Tributos** portuguesa ha sido notificada por la UCO para colaborar en la investigación, aunque su respuesta podría retrasarse por la carga de trabajo acumulada en casos similares.
Para los analistas del sector, este caso podría servir como **precedente para endurecer los controles** en el comercio de hidrocarburos. La **Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (ASEP)** ya ha advertido en informes internos sobre la necesidad de **transparencia en las cadenas de suministro**, un tema que podría ganar relevancia si la investigación confirma la implicación de grandes distribuidores.
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, lleva meses analizando si este caso encaja en la **Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Capitales 2023-2027**, que prioriza la persecución de redes transnacionales. Si se demuestra que Aldama y Villa fuel operaron con complicidad de bancos o notarios, podrían enfrentarse a **agravantes penales** por su papel en la estructura del delito.
