El Ejecutivo autonómico liderado por Jorge Azcón exige la vuelta de todos los llegados de forma invasiva a Marruecos y acusa a Madrid de falta de transparencia en la crisis
El Gobierno de Aragón, liderado por el presidente popular Jorge Azcón, ha rechazado participar en el reparto de menores migrantes llegados a Ceuta desde el 31 de julio, cuando la ciudad fue invadida por más de 80.000 personas desde Marruecos. La comunidad autónoma, que se niega a acoger a estos menores, alega que «quien mejor puede cuidarlos son sus familias» y reclama su regreso a Marruecos, país que considera capaz de asumir su responsabilidad.
La vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha defendido esta postura durante el Consejo de Gobierno, argumentando que Marruecos —que organizará parte del Mundial de Fútbol— «puede garantizar los servicios básicos» para estos menores. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico reconoce que, legalmente, Aragón deberá acogerlos si el Gobierno central lo ordena, aunque planea «utilizar todos los instrumentos legales» para evitarlo.
La decisión de Aragón se enmarca en un contexto de tensiones políticas por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha recibido el apoyo explícito de Vaquero, quien ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su «falta de responsabilidad» y por «utilizar la política migratoria como arma política». La vicepresidenta ha acusado al Ejecutivo central de «instrumentalizar» a los migrantes y de poner en riesgo la seguridad de los ceutíes.
La postura de Aragón contrasta con la obligación legal de las comunidades autónomas de colaborar en la acogida de menores no acompañados, según el Real Decreto 1621/2011, que regula la protección de menores extranjeros. La comunidad, sin embargo, apela a la «voluntad» de Marruecos para resolver la situación, un país que, según datos del Ministerio del Interior, ha sido el principal punto de partida de los migrantes que llegaron a Ceuta en julio.
Esta decisión refuerza la división territorial en la gestión de la crisis, con comunidades como Madrid o Andalucía ya anunciando su disposición a acoger a estos menores, mientras que otras, como Aragón, optan por una postura más restrictiva. La presión política crece, especialmente tras las críticas de Vox y el PP, que exigen una respuesta más contundente del Gobierno central.
