El exsecretario autonómico de Carlos Mazón testifica que la exconsellera habló del sistema de alerta casi tres horas antes de activarlo
Francisco Javier Sendra, actual secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana, declaró ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 como testigo clave. Según su testimonio, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas mencionó el sistema de alertas Es Alert en una reunión a las 17:30 horas, pero el mensaje no se envió a la población hasta las 20:11 horas, cuando ya había decenas de heridos y 232 víctimas mortales en la provincia.
Sendra, que entonces ocupaba el cargo de secretario autonómico de Infraestructuras dentro de la Conselleria de Medio Ambiente, Transportes y Medio Natural, explicó que el día de la riada estaba en el funeral del padre de la directora general y se conectó al Cecopi (Centro de Coordinación de Emergencias). Durante su declaración, precisó que no tuvo contacto con el 112 ni con Pradas o su exnúmero dos, Emilio Argüeso, aunque sí mantuvo una llamada con el expresidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, a las 19:34 horas. Mazón le preguntó por el estado de las carreteras, y Sendra le informó de que València Sud estaba «perfecta» en ese momento.
El testimonio de Sendra adquiere relevancia en el marco de la investigación judicial, donde Pradas y Argüeso son los únicos investigados. La demora en la activación del Es Alert —un sistema de alertas tempranas por emergencias— se suma a las críticas previas por la gestión de la crisis, que dejó una de las catástrofes naturales más graves de la última década en España. La jueza analiza ahora si hubo negligencia o fallos en la coordinación institucional.
Sendra, que también fue diputado de Emergencias durante el mandato de Mazón en la Diputación de Alicante, destacó que no recibió órdenes directas de Pradas ni de Argüeso durante la emergencia. Su declaración refuerza la línea de investigación sobre posibles retrasos en la comunicación de riesgos a la ciudadanía, un aspecto clave en el juicio político que podría derivar en responsabilidades administrativas o penales.
