El Gobierno regional y el Ayuntamiento aseguran haber actuado en sus competencias, pero la anciana sigue en la calle tras 71 años en su hogar del Retiro
Maricarmen, una anciana de 87 años, ha sido desahuciada este miércoles de su vivienda en el distrito de Retiro (Madrid), donde llevaba residiendo 71 años. Según confirmaron el Gobierno regional y el Ayuntamiento, le ofrecieron en dos ocasiones un recurso habitacional en residencias públicas, pero la mujer los rechazó.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, aclaró que su administración «ha hecho todo lo que tenía que hacer» dentro de sus competencias. Las ofertas incluyeron plazas en residencias gestionadas por la Comunidad, mientras que el Ayuntamiento, a través de sus servicios sociales, también intentó ubicarla en un recurso habitacional. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, insistió en que su equipo «puede ofrecerle un recurso inmediato» y detalló que ya están activados servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio (90 horas con terapia ocupacional) y apoyo del Samur Social en el lugar del desahucio.
El caso ha reavivado el debate sobre las competencias en vivienda. Mientras el Gobierno regional y el Ayuntamiento se escudan en que actuaron dentro de sus límites legales, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, y Óscar López, líder del PSOE-Madrid, acusaron a la Comunidad de Madrid de ser la «culpable principal». García Martín respondió tachando sus declaraciones de «nefastas» y criticó que el Gobierno nacional «siempre busca un chivo expiatorio» cuando hay problemas.
El desahucio de Maricarmen se produce en un contexto de tensión por la falta de recursos para personas en riesgo de exclusión. Según datos del Ayuntamiento, los servicios sociales madrileños ya gestionan más de 12.000 solicitudes de ayuda habitacional al año, con listas de espera que superan los seis meses en algunos distritos. La anciana, según testigos, fue expulsada de su vivienda tras cuatro intentos fallidos de desalojo en los últimos meses, lo que ha generado indignación en el barrio.
El Gobierno regional y el Consistorio insisten en que no pueden «quitarse de en medio» y ofrecen apoyo asistencial inmediato, pero el caso refleja las limitaciones de un sistema que, según denuncian colectivos como Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), deja a miles de personas mayores en situación de calle por falta de alternativas reales. La Fiscalía de Madrid ya ha abierto una investigación para determinar si se vulneraron protocolos de protección a mayores en riesgo.
