Maricarmen, de 87 años, lleva 71 en un piso de Retiro que un fondo buitre le sube de 500 a 1.650 euros al mes. Podemos y IU protestan mientras una escritora ofrece pagar parte del alquiler
Irene Montero ha enfrentado este miércoles a agentes de la policía en Madrid durante el intento de desalojo de Maricarmen, una anciana de 87 años que vive desde hace 71 años en un piso del distrito de Retiro. La eurodiputada de Unidas Podemos, acompañada de su compañera Ione Belarra y el diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago, se plantó en primera línea del cordón policial mientras la mujer, con una discapacidad reconocida del 50%, denunciaba: *»Me quieren echar por el puto dinero. He vivido aquí 71 años. No me quiero ir»*.
El conflicto estalló cuando Montero preguntó a los agentes: *»¿Dónde está el mando policial?»*. Un policía le respondió con tono cortante: *»Me da igual, es una ciudadana como el resto»*, tras identificarse como eurodiputada. La tensión escaló cuando la política recriminó la falta de «tranquilidad» en el operativo, según vídeos compartidos por medios como Público.
El piso de Maricarmen, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, fue adquirido por el fondo buitre Urba gestión Desarrollo e Inversión S.L., que le exige pagar 1.650 euros al mes —más de tres veces su alquiler anterior— o abandonar la vivienda. La subida, de 1.150 euros, supera su capacidad económica y ha movilizado a colectivos como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ya protestaron contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso este martes en una feria inmobiliaria.
Mientras, una escritora anónima se ha ofrecido a asumir parte del alquiler tras contactar con el sindicato. El caso se enmarca en el aumento de desahucios por fondos de inversión en Madrid, donde el 30% de los pisos están en manos de estos fondos, según datos de la plataforma Stop Desahucios. La situación refleja la presión sobre los inquilinos vulnerables en una comunidad autónoma donde el precio medio de alquiler supera los 1.200 euros.
El desahucio, previsto para hoy, podría paralizarse si el abogado de Urba gestión acepta negociar con los colectivos. Mientras, la policía ha reforzado el dispositivo en la zona, con agentes desplegados para evitar incidentes durante la protesta.
