La ministra Rodríguez denuncia que la empresa propietaria ignora llamadas de ONU y vecinos; el Gobierno urge aprobar decreto para paralizar desahucios
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido acusada directamente por el Gobierno de proteger a fondos buitre y especuladores tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en el barrio madrileño de Retiro. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, confirmó este miércoles que el Gobierno intentó mediar para evitar el desalojo, pero la empresa propietaria ignoró las gestiones y subió la renta del piso de 500 a 1.650 euros, pese a que Maricarmen lleva 70 años viviendo allí.
Rodríguez denunció que la empresa propietaria se «cachondea» de las administraciones y de la ciudadanía, y acusó a Ayuso de haber puesto una «alfombra roja» a especuladores durante el encuentro inmobiliario *The District*, inaugurado ayer en Madrid. La ministra advirtió que el Gobierno no bajará los brazos y exigió al Parlamento aprobar un decreto para prohibir desahucios, una propuesta que lleva tres meses sobre la mesa.
El caso de Maricarmen se enmarca en un contexto de tensiones políticas por la gestión de la vivienda en Madrid. Según datos del Gobierno, desde julio hay una propuesta concreta para paralizar desahucios, pero aún no ha sido aprobada. La ministra recordó que el Parlamento tiene «mucho que decir» y que la empresa propietaria no ha respondido ni a las llamadas de Naciones Unidas ni a las movilizaciones vecinales.
El desahucio, programado para hoy, ha generado un movimiento social en Retiro. Vecinos y colectivos exigen que se paralice la ejecución, mientras el Gobierno acusa a la Comunidad de Madrid y a la derecha de no actuar contra la especulación inmobiliaria. La ministra Rodríguez insistió en que este caso es un ejemplo de las consecuencias de no regular el mercado.
