El ministro exige que Bruselas acepte las lenguas cooficiales españolas antes de admitir nuevos idiomas, acusando al PP de boicotear la medida
José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha vinculado este miércoles la ampliación de la Unión Europea a que Bruselas reconozca el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales. En una entrevista en SER, dejó claro que España no se opone a la incorporación de nuevos países, pero bloqueará la aceptación de otros idiomas hasta que los suyos estén reconocidos.
Albares argumentó que España no puede ser «una excepción» en el régimen multilingüe europeo, donde países como Malta, Irlanda o Suecia ya tienen lenguas oficiales reconocidas. Recordó que España está dispuesta a asumir el coste de incluir estas lenguas y aseguró que su propuesta protege a los países que no quieren ver sus lenguas regionales como oficiales.
El ministro acusó al PP de boicotear el reconocimiento de las lenguas cooficiales por «interés partidista», citando al presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo. «Lo único que van a lograr es retrasarlo», advirtió, insistiendo en que la oficialidad de estas lenguas es «cuestión de tiempo».
El catalán, euskera y gallego son lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas, pero no están reconocidas como oficiales en la UE. La demanda forma parte de las exigencias de los socios independentistas del Gobierno para avanzar en la ampliación, un proceso que Albares ha impulsado, especialmente con la entrada de Ucrania.
El reconocimiento de lenguas regionales en la UE no es nuevo: Malta añadió el maltés en 2004, Irlanda el gaélico en 2007 y Suecia el sueco en 1995. Sin embargo, en estos casos, los idiomas ya eran oficiales en sus países o no implicaban un coste adicional para la UE.
Albares añadió que el Gobierno está dispuesto a sufragar el gasto de incluir al catalán, euskera y gallego entre las lenguas oficiales de la UE, lo que implicaría cubrir los costes de traducción e interpretación en las instituciones europeas. Asimismo, afirmó que la propuesta contempla un mecanismo que permite a los Estados miembros que no desean que sus lenguas regionales sean oficiales mantener su posición sin afectar la cohesión del multilingüismo europeo.
