El portavoz de ERC exige al Gobierno actuar contra fondos buitre mientras el PSOE y el PP se cruzan acusaciones en el Congreso
Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha acusado este miércoles a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de ser la «ministra más suave» con el drama de los desahucios, citando el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada en el barrio madrileño de Retiro. Rufián ha vinculado directamente a Rodríguez con la responsabilidad política de esta situación y ha advertido de que el problema de la vivienda «arrasará al Gobierno» si no se actúa.
El diputado republicano ha recordado que lleva meses pidiendo a Pedro Sánchez que intervenga en el mercado de la vivienda, pero ha criticado que Rodríguez «no ha hecho nada» para frenar los desahucios. «Vive con rabia» que una mujer de 87 años pierda su hogar, ha señalado, mientras el Gobierno socialista defiende que las soluciones existen, pero son bloqueadas por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.
El PSOE, a través de su portavoz parlamentario Patxi López, ha defendido la gestión del Ministerio de Vivienda y ha señalado a las administraciones madrileñas como responsables directas. «Lo que falla son las formaciones políticas que alimentan congresos con fondos buitre», ha afirmado López, quien ha recordado que el Gobierno ha presentado iniciativas para limitar su poder, pero que han sido ignoradas por el Partido Popular (PP) y otras fuerzas.
Por su parte, Borja Sémper, portavoz del PP, ha asegurado que «con este Gobierno nunca» se solucionarán estos problemas, mientras que Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, ha tachado de «criminales» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde, José Luis Martínez Almeida, por no actuar. Ibáñez ha denunciado que el caso de Maricarmen refleja un «fracaso de la democracia y la sociedad», donde incluso los policías «no tienen objeción de conciencia» para evitar desahucios.
El Ministerio de Vivienda ha confirmado que ha ofrecido soluciones para Maricarmen y otros casos, pero que han sido desoídas por las administraciones autonómicas y locales. El debate en el Congreso ha puesto de manifiesto la falta de consenso entre partidos para regular el mercado de alquiler y frenar la especulación, mientras crece la presión social por casos como el de esta octogenaria.
