Un magistrado cambia su postura en 48 horas y propone anular la condena a Turull, lo que beneficiaría también a Puigdemont y Junqueras
José María Macías, magistrado del Tribunal Supremo, ha dado un giro radical en 48 horas: tras retirar su primera ponencia —que respaldaba la condena por malversación a Jordi Turull—, presenta un nuevo texto que anula la interpretación de la Sala Penal y abre la puerta a la amnistía para todos los condenados por el ‘procés’. El fallo, aún no definitivo, será debatido el 6 de octubre y podría levantar las órdenes de detención contra Carles Puigdemont, Lluís Puig y Antoni Comín, prófugos desde 2017.
La clave del cambio radica en la interpretación del concepto «beneficio personal de carácter patrimonial», único requisito que la ley de amnistía excluye para aplicar el perdón. El Supremo lo había entendido como un enriquecimiento económico individual, pero la nueva ponencia lo redefine: también incluye el ahorro patrimonial de quienes evitaron pagar de su bolsillo actos ilegales como el referéndum del 1-O, financiados con fondos públicos. Según el texto, esta lectura «se apartó de la finalidad de la norma», que buscaba amnistiar todas las malversaciones del ‘procés’, excepto los casos de corrupción pura (apropiación indebida de dinero público), que no aparecen en los hechos probados de la sentencia de 2019.
El giro de Macías —apoyado inicialmente por la mayoría del tribunal, cercana al Gobierno— refleja la división interna. Su primera postura, alineada con el Supremo, fue rechazada por los siete magistrados del grupo mayoritario, que suelen respaldar la tesis del Ejecutivo. Ahora, el magistrado argumenta que la Sala Penal «interpretó mal la ley», al desvincular el concepto de su voluntad legislativa: la amnistía pretendía cerrar el proceso independentista, no excluir las malversaciones por un beneficio patrimonial que, en el caso del ‘procés’, se limita al ahorro de pagar multas con fondos públicos.
El texto, conocido por El Español, sostiene que la interpretación del Supremo «deja fuera del ámbito de la amnistía precisamente a la única conducta malversadora que la ley pretendía perdonar». La ponencia propone anular la condena a Turull y devolver el caso a la Sala Segunda para que dicte una nueva resolución «respetuosa con los derechos fundamentales».
El precedente de la sentencia del Supremo en 2019
La rectificación de Macías se enmarca en un conflicto jurídico abierto desde 2019, cuando el Tribunal Supremo condenó a Oriol Junqueras, Raül Romea, Dolors Bassa y Jordi Turull por malversación de fondos públicos durante el ‘procés’. La sentencia estableció que los cuatro exconsejeros catalanes habían desviado 7,7 millones de euros de fondos autonómicos para financiar el referéndum independentista del 1-O, declarado ilegal por el Constitucional. Sin embargo, el texto no consideró probada la existencia de un beneficio personal para los condenados, al no haber pruebas de enriquecimiento individual.
Esta laguna legal fue explotada por la ley de amnistía de 2023, que excluyó expresamente del perdón los delitos de corrupción (como el tráfico de influencias o la apropiación indebida), pero no los casos de malversación sin ánimo de lucro. El problema surgió cuando el Supremo interpretó que el beneficio patrimonial incluía cualquier ahorro económico derivado de la actividad delictiva, incluso si no hubo enriquecimiento directo. Para los magistrados mayoritarios, esta lectura «vulneraba la finalidad de la ley», que buscaba amnistiar todas las conductas vinculadas al ‘procés’, salvo los casos de corrupción probada.
El caso de Turull es clave porque su condena se basó en la malversación de 1,2 millones de euros para el referéndum. Si el Tribunal anula su pena, la doctrina se aplicaría automáticamente a los demás condenados —incluidos Puigdemont, Puig y Comín—, que podrían regresar a España sin esperar a que se resuelvan sus propios recursos de amparo.
¿Qué pasa ahora? Cronología y consecuencias políticas
El debate en el Tribunal Supremo está previsto para el 6 de octubre, pero el fallo definitivo podría demorarse semanas. Mientras, el Gobierno catalán —dirigido por Pere Aragonès (ERC)— ya ha celebrado el giro de Macías. «Es un paso necesario para la normalización política», declaró una fuente cercana al Govern, aunque evitó pronunciarse sobre Puigdemont. En el lado contrario, el PP y Vox han criticado la «interpretación interesada» de la ley, mientras que Junts per Cataluña —partido de Puigdemont— ha evitado reaccionar para no anticipar estrategias legales.
Si el Tribunal anula la condena a Turull, el siguiente paso sería levantar las órdenes de detención contra Puigdemont y sus aliados. Estos podrían regresar a España en 48 horas, según fuentes judiciales, aunque su situación legal seguiría siendo incierta hasta que el Constitucional resuelva sus recursos. La amnistía, en cualquier caso, no les eximiría de las condenas por sedición o rebelión, que sí están cubiertas por la ley.
El impacto político es inmediato: el Gobierno de Pedro Sánchez gana una victoria simbólica al ver cómo el Supremo rectifica su postura, pero el PP y Vox acusarán al Ejecutivo de «manipular la justicia». En Cataluña, el fallo podría reavivar el debate sobre la ruptura definitiva con el Estado, mientras que en Madrid, la oposición exigirá explicaciones sobre el cambio de criterio en tan solo 48 horas.
Lo que no está claro es si la Sala Penal mantendrá su postura. Los siete magistrados que rechazaron la primera ponencia de Macías podrían «endurecer su línea» para evitar que el caso se convierta en un precedente peligroso para futuras amnistías. Si finalmente se anula la condena a Turull, el Constitucional tendrá la última palabra sobre si la ley de 2023 cubre o no las malversaciones del ‘procés’.
Mientras, los abogados de los condenados ya preparan estrategias para acelerar el regreso de Puigdemont. «El fallo de Turull es un paso decisivo», declaró un letrado cercano al caso, aunque advirtió de que «el camino judicial sigue abierto».
