La moción en el Senado exige revisar cada expediente y publicar criterios ocultos antes de las elecciones
El Partido Popular (PP) presentará el próximo martes en el Senado una moción para obligar al Gobierno a detallar los criterios administrativos aplicados en la concesión de nacionalidades por la llamada ley de nietos, que afecta a más de 2,5 millones de solicitudes. La iniciativa, que se votará el 30 de septiembre, exige separar de inmediato los casos que no cumplan los requisitos legales antes de que el Tribunal Supremo resuelva el fondo del conflicto.
La propuesta, impulsada por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, recoge 12 exigencias concretas: desde la publicación de todas las circulares internas hasta un desglose por consulado de las nacionalidades concedidas, denegadas y los errores detectados. El objetivo es evitar que el Gobierno, la Oficina del Censo Electoral y la Junta Electoral Central restituyan el derecho al voto a personas sin acreditar el vínculo familiar, documental y territorial exigido por ley.
El texto no busca anular nacionalidades ni interferir en la cautelar del Supremo, pero sí presiona para que el Ejecutivo deje de aplicar efectos electorales a las inscripciones mientras se depura el censo. Fuentes del PP advierten de que el Gobierno contradice su propia versión: aunque siempre negó que la medida tuviera un interés electoral, ahora sus ministros presionan al Tribunal para que resuelva antes de las elecciones.
La moción llega tras meses de denuncias del PP sobre una aplicación «manipulada» de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática (2022), que reconoce el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura. La controversia se centra en una instrucción de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que presume el exilio sin exigir pruebas individuales. El Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de algunas inscripciones, pero el PP acusa al Gobierno de seguir concediendo nacionalidades sin transparencia.
El mecanismo que permite al PP exigir datos ocultos
La moción del PP no es un ataque frontal a la ley, sino una herramienta de control parlamentario para obligar al Gobierno a revelar información que ya ha sido solicitada en vano. El texto exige:
Todos los expedientes administrativos tramitados por Justicia, Exteriores y consulados.
Las circulares internas que interpretaron la ley, incluyendo notas de la Dirección General de Puente.
Un desglose por consulado de solicitudes, concesiones y denegaciones.
La identificación de los 2,5 millones de afectados, su circunscripción electoral y posibles errores en su inscripción.
El PP argumenta que, si el Gobierno está seguro de su proceder, debe publicar los criterios. «No pueden escudarse en instrucciones no publicadas», señalan fuentes de la dirección. La moción no revocará nacionalidades, pero sí obligará al PSOE a votar sobre garantías de legalidad en un debate que ya tiene dimensión electoral: 11 de los 12 puntos de la iniciativa están directamente vinculados a la participación en las próximas elecciones.
El precedente legal: cómo la instrucción de Puente abrió la puerta a bisnietos y tataranietos
La polémica comenzó con la instrucción de 25 de octubre de 2022, firmada por Puente, que amplió el alcance de la ley. El texto presume el exilio de quienes salieron de España entre 1936 y 1955, sin exigir pruebas individuales de persecución política. Esto permitió que se tramitaran solicitudes de bisnietos e incluso tataranietos, según documentó El Español.
El Gobierno reforzó consulados para gestionar el aluvión de expedientes, pero el Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de algunas inscripciones. La Junta Electoral Central acordó separar los casos que acrediten los requisitos legales de los que no puedan demostrarlo, pero el PP denuncia que el Ejecutivo sigue aplicando la instrucción de Puente por vía administrativa, vulnerando el principio de jerarquía normativa.
La moción del PP pide revisar de oficio esa instrucción y aplicar la ley «exactamente como la aprobaron las Cortes». El partido sostiene que la Dirección General amplió el alcance de la norma sin cobertura legal, lo que habría permitido la concesión de nacionalidades a personas que no cumplen los requisitos.
La enmienda de Sumar: ¿reconocer el error o blindar la ley?
Mientras el PP ataca la aplicación de la ley, Sumar ha presentado una enmienda a la reforma de la Ley Orgánica de Educación que elevaría a rango legal parte del contenido aplicado por la instrucción de Puente. El PP tacha la iniciativa de «enmienda intrusa» y la interpreta como una «confesión de culpa» del Gobierno.
«Es el Gobierno dándonos la razón», afirman fuentes populares. «Reconocen que ahora necesitan arreglarlo porque les hemos pillado». La enmienda, según el PP, demuestra que al Ejecutivo le interesa más blindar la ley que corregir sus fallos, especialmente tras el fracaso del informe PISA en educación.
El debate legal y político se centra en tres preguntas clave:
¿Quiénes son los 2,5 millones de afectados? El PP exige un desglose por consulado y circunscripción.
¿Qué criterios se aplicaron? La moción obliga a publicar circulares y notas internas.
¿Cómo afecta esto a las elecciones? 11 de los 12 puntos de la moción tienen dimensión electoral.
La votación en el Senado el 30 de septiembre será un termómetro del nivel de tensión entre el PP y el Gobierno sobre un tema que, según los populares, no es un trámite administrativo, sino un honor con implicaciones en servicios públicos, sanidad y sufragio.
El Ejecutivo, por su parte, aún no ha respondido formalmente a la moción, pero fuentes del PSOE señalan que no hay prisa por resolver el conflicto antes de que el Supremo dicte sentencia sobre el fondo. Mientras, el PP insiste: «Si están seguros de lo que han hecho, que publiquen las instrucciones».
